El pasado 31 de julio de 2025, el Gobierno español aprobó el RD-Ley 9/2025, que amplía los permisos de nacimiento y cuidado de menor, en un intento de cumplir con la Directiva europea de conciliación. Este nuevo marco legal se produce tras un año de incumplimientos, ya que el plazo para transponer la normativa europea expiró el 2 de agosto de 2024.
En el preámbulo del RD-Ley, se reconoce que la Comisión Europea había demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber implementado adecuadamente la directiva. La nueva legislación incrementa el permiso por nacimiento y cuidado de menor a un total de 19 semanas, que se eleva a 32 semanas en el caso de familias monoparentales.
Detalles de la nueva regulación
El RD-Ley establece que el permiso se distribuye de la siguiente manera: las primeras seis semanas son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto. Posteriormente, se añaden 11 semanas adicionales, que pueden ser disfrutadas de forma flexible hasta que el menor cumpla 12 meses. Además, se incluyen dos semanas más, o cuatro para familias monoparentales, que se pueden utilizar hasta que el menor alcance los ocho años.
Estas modificaciones responden a un contexto en el que el Tribunal Supremo había reconocido el derecho de las familias monoparentales a disfrutar de las semanas que les corresponderían al otro progenitor, lo que había generado un debate significativo en torno a la conciliación familiar.
Sin embargo, el nuevo RD-Ley ha suscitado controversia por una aparente omisión: no se menciona el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, que regula el permiso parental de hasta ocho semanas. Este permiso, introducido por la Directiva europea de conciliación, sigue pendiente de desarrollo reglamentario, lo que ha dejado a muchos cuestionando si se trata de un «olvido» intencionado por parte del legislador.
Implicaciones y futuros desafíos
La falta de claridad sobre la remuneración del permiso parental ha generado incertidumbre, especialmente dado que el sector público establece que el permiso no será retribuido. Esta diferencia en la regulación podría continuar alimentando la conflictividad en el ámbito laboral, ya que las interpretaciones sobre la naturaleza del permiso parental y su remuneración siguen abiertas.
La entrada en vigor del RD-Ley también implica que la regulación se aplicará a hechos causantes a partir del 2 de agosto de 2024, aunque la posibilidad de solicitar el disfrute de estos permisos no estará disponible hasta el 1 de enero de 2026. Esto significa que los trabajadores deberán esperar para acceder a estas nuevas condiciones, a pesar de que se reconoce la necesidad de una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar.
En conclusión, el RD-Ley 9/2025 representa un avance significativo en la política de permisos en España, aunque las omisiones y ambigüedades en la legislación podrían dar lugar a nuevos enfrentamientos legales. Con la situación parlamentaria actual, la convalidación del decreto parece segura, pero las repercusiones a largo plazo sobre los derechos de los trabajadores y la igualdad en el cuidado de los menores aún están por verse.
