El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha convocado a una marcha pacífica para el 12 de agosto en respuesta a la reciente suspensión provisional de 25 artículos de sus reformas. Esta decisión, tomada por la Corte Constitucional, ha generado una escalada de tensiones entre el Gobierno y el poder judicial, siendo vista por muchos como un ataque a la independencia judicial.
La suspensión afecta a tres leyes fundamentales del proyecto legislativo de Noboa: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia, y la Ley Orgánica de Integridad Pública. En un acto celebrado en Guayas, el mandatario acusó a la Corte de socavar sus esfuerzos reformistas. “No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes”, afirmó con firmeza.
Tensiones políticas en aumento
La reacción del Ejecutivo no se limitó a la convocatoria de movilización. Tras el fallo judicial, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ofrecieron una rueda de prensa acompañados de fuerzas militares y policiales, una imagen que ha suscitado duras críticas de diversas organizaciones. Desde Human Rights Watch, su representante, Juanita Goebertus, advirtió sobre el peligro de “ataques” a una institución clave para el equilibrio democrático, subrayando que “la Corte Constitucional debe actuar con independencia y sin presiones”.
Las organizaciones no gubernamentales han denunciado que las leyes suspendidas podrían vulnerar derechos fundamentales, lo que llevó a algunas de ellas a recurrir a la justicia. Aunque el Gobierno presenta estas reformas como esenciales para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado, su contenido ha generado cuestionamientos sobre posibles excesos del poder ejecutivo, especialmente en áreas sensibles como la vigilancia ciudadana y el control de recursos en situaciones de emergencia.
Las reformas en el centro del debate
Noboa sostiene que los cambios son necesarios para “dar seguridad a cada uno de ustedes”, argumentando que la Carta Magna otorga el verdadero poder al pueblo. Sin embargo, la controversia persiste en un contexto marcado por una creciente crisis de violencia en el país. La convocatoria a la marcha no solo refleja el descontento del presidente, sino que también plantea un nuevo escenario político en Ecuador, donde la tensión entre el Ejecutivo y el judicial podría tener repercusiones significativas en el futuro cercano.
