La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó en el Congreso una propuesta para instaurar un nuevo sistema fiscal que redistribuya los beneficios de la automatización y combata la desigualdad laboral. Durante la jornada «Tax the Robots?», celebrada el lunes en el Congreso de los Diputados, García propuso la creación de un impuesto dirigido a las grandes corporaciones tecnológicas, a las que calificó de «tecnofeudales».
Esta medida tiene como objetivo gravar a aquellas empresas que implementan inteligencia artificial y robótica para desplazar puestos de trabajo humanos, buscando así garantizar una fiscalidad más justa. La iniciativa, alineada con las ideas del senador estadounidense Bernie Sanders, sostiene que la sociedad actual no está recibiendo los beneficios económicos generados por la automatización.
La ministra subrayó que su intención no es penalizar la innovación, sino evitar que la tecnología desmantelase el modelo tradicional de distribución de la riqueza y de la fuerza laboral, enfatizando que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio de la mayoría y no un enemigo del empleo.
Sin embargo, García advirtió que el marco regulatorio avanza lentamente en comparación con la rapidez de los cambios tecnológicos, lo que deja a los trabajadores en una situación vulnerable. En el mismo foro, otros miembros de Más Madrid y Sumar respaldaron este diagnóstico. Tesh Sidi, por ejemplo, afirmó: «Nos enfrentamos a una economía donde los beneficios crecen gracias a nuestros datos, a nuestra atención, a nuestro tiempo, pero no retornan absolutamente nada».
Además, Sidi destacó que sectores como el comercio están normalizando el uso de cajas de autocobro, beneficiándose del tiempo y los datos de los usuarios sin ofrecer un retorno social equitativo. Rita Maestre, concejala de Más Madrid, añadió que, a pesar de que la productividad ha aumentado notablemente en las últimas décadas gracias a la tecnología, este crecimiento no se ha traducido en una mejora de los salarios reales, lo que ha ampliado la brecha de desigualdad.
El discurso de García también fue especialmente crítico con los propietarios de los gigantes tecnológicos. La ministra señaló directamente a figuras como Mark Zuckerberg, acusándolos de buscar acaparar no solo el capital global, sino también el poder democrático. Por su parte, Maestre instó a los poderes públicos a «parar los pies» a los multimillonarios que manejan infraestructuras críticas y datos sensibles, exigiendo que se ponga fin a la «alfombra roja» política que suele facilitar su expansión sin una contraprestación fiscal adecuada.
Este debate surge en un contexto en el que, hace menos de una semana, el gobierno español reprochó al creador de Telegram, Pável Durov, por difundir mentiras sobre el gobierno tras el anuncio de Pedro Sánchez desde Dubái sobre la posible prohibición de redes sociales para menores de 16 años. No obstante, esta medida enfrenta desafíos técnicos significativos, como la verificación de la edad real de los usuarios. Métodos como el reconocimiento facial o el uso de identidades digitales presentan serias inquietudes respecto a la privacidad y la protección de datos, ya que implicarían la recopilación de información sensible de la ciudadanía.
Además, surgen preocupaciones sobre la normativa europea, como la Ley de Servicios Digitales, y se cuestiona si una prohibición estatal puede aplicarse a empresas extranjeras sin entrar en conflicto con la libre prestación de servicios. Estas iniciativas abren un debate sobre la patria potestad, interrogando si el Estado debe intervenir en un ámbito que tradicionalmente ha pertenecido a la educación y el control familiar. También se plantea la cuestión del derecho de los menores al acceso a la información y su desarrollo en un entorno digital que es parte integral de la sociedad actual.
Tanto la propuesta de la tasa «tecnofeudal» de García como la restricción planteada por Sánchez comparten una advertencia común: la política suele ir un paso por detrás de la tecnología. Mientras que para Más Madrid el enfoque está en la redistribución de la riqueza frente al poder de magnates como Zuckerberg, para el Ejecutivo el desafío radica en la soberanía digital y la protección de la infancia ante lo que se ha denominado el «salvaje oeste» de los algoritmos. Ambas iniciativas deberán ahora superar su tramitación parlamentaria, donde se anticipa un intenso debate sobre su viabilidad técnica y su encaje constitucional.
