La violencia en Brasil ha alcanzado un nuevo pico tras el hallazgo de más de un centenar de cadáveres en las afueras de Río de Janeiro, específicamente a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Este trágico descubrimiento se produjo tras una operación policial, que el Gobierno regional, liderado por el bolsonarista Claúdio Castro, presentó como un exitoso golpe a la organización criminal Comando Vermelho. Sin embargo, la realidad es que se ha vivido otra jornada de horror para la ciudadanía.
Los cuerpos fueron rescatados de entre la maleza por vecinos, quienes los amontonaron en la calle. Este macabro hallazgo ha suscitado numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y ha puesto de manifiesto el silencio del Estado ante las familias de las víctimas, reflejando un fracaso recurrente en la lucha contra el crimen organizado. Durante décadas, la respuesta a la violencia del narcotráfico ha sido una militarización de la seguridad que ha demostrado aumentar el daño en lugar de mitigarlo.
Las cifras son alarmantes, pero no sorprendentes. La estrategia de combatir el narcotráfico mediante operaciones masivas y la legitimación de la muerte como herramienta de orden ha sido defendida por políticos como Jair Bolsonaro, quien ascendió en el panorama político gracias a su férreo apoyo a estas tácticas. Tras la reciente operación, Castro afirmó que “las únicas víctimas” eran los cuatro agentes de policía fallecidos, dejando en la sombra a las decenas de muertos.
El narcotráfico en Brasil no es un ente aislado que pueda ser extirpado con fuerza bruta; es un sistema que se nutre de la desigualdad, la impunidad y la complicidad política. En las periferias de las grandes ciudades, los grupos criminales ocupan el vacío que dejan unas instituciones públicas ineficaces. Esto significa que el crimen organizado no es una anomalia que se elimina con intervenciones armadas, sino una consecuencia de la falta de justicia y servicios básicos.
El papel del Estado en la lucha contra el crimen
Combatir esta estructura requiere de una estrategia que incluya inteligencia financiera, instituciones sólidas y una política social que restituya la presencia del Estado en aquellos territorios donde la ley del miedo ha gobernado durante décadas. Brasil necesita urgentemente una política de seguridad democrática que proteja a la ciudadanía sin recurrir a la violencia.
No se puede ignorar el poder corrosivo del crimen organizado, que extorsiona, asesina y desafía constantemente al Estado. Sin embargo, su derrota no llegará a través de una guerra interminable, sino mediante una profunda transformación institucional. Cada masacre celebrada como una victoria solo debilita la legitimidad de la democracia y refuerza la idea de que la violencia es el único lenguaje posible en este conflicto.
Los gobiernos de la región parecen atrapados en un dilema falso entre el populismo punitivo, que promete resultados inmediatos a costa de vidas humanas, y la inacción de aquellos que denuncian abusos pero no ofrecen alternativas viables. En ambos escenarios, el vacío de poder es rápidamente llenado por organizaciones criminales.
Brasil no necesita más muertes para demostrar su fortaleza; requiere de un Estado que no confunda la autoridad con la fuerza bruta. Es crucial que se implemente una estrategia de seguridad que reconozca el valor de la vida y la dignidad humana, priorizando la justicia y el bienestar de la sociedad por encima de la mera represión.
