Las elecciones autonómicas de Aragón, que se llevarán a cabo este domingo, marcan un hito en la secuencia electoral que comenzó a finales de 2025 en Extremadura y que continuará a lo largo de este año en Castilla y León y Andalucía. Los estudios demoscópicos muestran un claro movimiento en la política aragonesa, similar al que se observó en Extremadura.
Los datos indican que el PSOE se encuentra en un proceso de retroceso, aparentemente tocando fondo; mientras que el Partido Popular se dirige hacia resultados que podrían acercarse a sus mejores registros históricos en la comunidad. Al mismo tiempo, Vox está experimentando un crecimiento significativo, con posibilidades reales de duplicar su representación.
En los últimos años, Aragón ha vivido un notable desplazamiento hacia la derecha, en parte debido a su proximidad con Cataluña y al sentimiento de agravio que surgió durante el proceso independentista, especialmente bajo la presidencia socialista de Javier Lambán.
El actual presidente aragonés y candidato del PP, Javier Azcón, ha llevado a cabo una campaña en la que ha puesto énfasis en la bandera regionalista, tratando de marcar distancias con Vox. Su oposición firme al trasvase del Ebro busca posicionarlo como el defensor de los intereses aragoneses, en contraste con Vox, que apoya dicho proyecto. Sin embargo, esta estrategia parece ser más una táctica electoral que un cambio de principios.
Si se cumplen las previsiones, la aritmética parlamentaria obligará nuevamente al PP y a Vox a llegar a acuerdos. Tal como ocurrió en Extremadura y lo que se anticipa que sucederá en Aragón, los pactos entre estas dos formaciones se han convertido en algo habitual. A pesar de la incomodidad inicial, el PP ha asumido estos entendimientos como un peaje necesario para acceder al poder en diversas regiones.
El objetivo de Azcón, al igual que el de otros líderes autonómicos, no es evitar estos acuerdos, sino llegar a la mesa de negociación con una posición más fuerte y mayor margen de maniobra. Por el contrario, una derrota del PSOE en Aragón, sumada a la de Extremadura y las que se prevén en Castilla y León y Andalucía, podría profundizar la erosión del liderazgo de Pedro Sánchez.
Consciente de este escenario, el presidente del Gobierno español busca extender la legislatura hasta 2027, combinando iniciativas de gran impacto mediático y popular, como la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, junto con movimientos destinados a recomponer una mayoría parlamentaria que se vuelve cada vez más frágil. Esta es una estrategia de resistencia diseñada para ganar tiempo en un contexto político adverso.
