La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia. Según el informe, el Gobierno regional, bajo la dirección del Ministerio de José Luis Ábalos, gestionó estas adquisiciones de manera poco transparente, favoreciendo a empresas vinculadas a altos funcionarios.
María Salomé Ballesteros, funcionaria del Servicio Canario de Salud (SCS), alertó sobre las irregularidades en abril de 2020, cuando recibió un correo que insinuaba que las órdenes provenían de «muy arriba». Ballesteros, que defendía la necesidad de cumplir con los procedimientos legales, fue ignorada y posteriormente desplazada de su cargo. Sus advertencias llegaron a ser ignoradas en un contexto de presión para cerrar operaciones rápidamente.
Manipulación y amenazas
El informe de la UCO destaca que Koldo, quien estuvo en contacto directo con Torres, así como el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, jugaron un papel crucial en la elaboración de contratos que iban en contra del criterio técnico. Ballesteros y otros compañeros, como Sebastián Fuentes Tarajano y Tomas Zerolo González, también manifestaron su preocupación por las irregularidades, pero enfrentaron represalias por sus posturas.
Los precios de las mascarillas adquiridas eran notablemente más altos que los ofrecidos por otros proveedores, y la operación se realizó sin el debido control legal. La presión del Gobierno para acelerar las compras resultó en una serie de decisiones que comprometieron la integridad del proceso administrativo. En este clima de urgencia, los funcionarios que intentaban mantener la ética profesional se encontraron en situaciones cada vez más precarias.
Consecuencias de la falta de transparencia
A pesar de sus esfuerzos por actuar con rigor, Ballesteros fue apartada de sus funciones poco después de expresar sus preocupaciones. Hoy, su nombre aparece en los informes judiciales como una figura que hizo lo correcto en un momento crítico. Sin embargo, sus compañeros reflejan una amarga realidad: «La dejaron tirada». Este sentimiento se extiende a otros servidores públicos que, al igual que ella, pagaron el precio de su integridad.
La administración de Torres ha sido criticada por su doble moral, premiando a quienes obedecen sin cuestionar y castigando a los que defienden los procedimientos. A pesar de proclamar principios de regeneración y ética pública, el Gobierno parece haber priorizado el cumplimiento de objetivos a corto plazo por encima de la transparencia y la legalidad.
La UCO sostiene que más de la mitad de las compras se realizaron a dos grupos empresariales específicos, vinculados a Aldama y a un empresario cercano a Torres. A pesar de las constantes afirmaciones de que los funcionarios fueron quienes decidieron sobre las compras, la evidencia apunta a una manipulación orquestada desde las altas esferas del Gobierno.
El escándalo de las compras irregulares de mascarillas en Canarias subraya la urgencia de una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos en tiempos de crisis, así como la necesidad de proteger a los funcionarios que, con su integridad, buscan salvaguardar la legalidad y la ética en la administración pública.
