La situación económica en Barcelona ha mostrado signos de mejora en los últimos años, según la encuesta sociodemográfica correspondiente a 2024. La tasa de pobreza relativa ha descendido del 22,9% en 2022 al 19,9% al cierre de este año. Sin embargo, este progreso no se ha traducido en un equilibrio equitativo entre los distintos distritos de la ciudad, donde la brecha entre el más rico, Sarrià-Sant Gervasi, y el más pobre, Nou Barris, se amplía.
El aumento de la desigualdad es evidente en varios distritos, donde también se ha observado un repunte en el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. Aunque las mejoras económicas son palpables, la distribución desigual del incremento de ingresos genera un impacto notable en los sectores más vulnerables. En este contexto, los gobiernos locales han asumido un papel proactivo en la lucha por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, mientras que la Generalitat ha estado relativamente ausente en estos esfuerzos.
El reciente aumento de la desconfianza en la sanidad pública, reflejado en una encuesta divulgada esta semana, pone de relieve la herencia de decisiones políticas pasadas que han debilitado los servicios públicos. Este retroceso se atribuye, en parte, a la gestión de figuras como Artur Mas y Boi Ruiz, quienes priorizaron la medicina privada en detrimento de la pública. Como consecuencia, el gasto sanitario sigue aumentando, lo que agrava la sensación de pobreza entre la población más desfavorecida, un problema que se ve intensificado por el alto coste de la vivienda en la ciudad.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crítico, especialmente para los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para encontrar un hogar asequible. Es fundamental aclarar que este problema afecta principalmente a los jóvenes de familias con menos recursos, mientras que las dificultades de los hijos de directivos de grandes bancos son de naturaleza distinta y menos severa.
En este contexto, el gobierno de Salvador Illa ha implementado una nueva ley de barrios, similar a la que puso en marcha el primer tripartito bajo la presidencia de Pasqual Maragall. Esta iniciativa ha sido adoptada por Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà y hasta 80 municipios más, marcando un primer paso hacia posibles mejoras en las condiciones de vida de los barrios más desfavorecidos.
A pesar de que la encuesta demográfica señala una reducción general en las situaciones de pobreza en la ciudad, las mejoras no son homogéneas. Distritos como Les Corts y Horta han quedado excluidos de esta tendencia. Ciutat Vella sigue siendo el distrito con el mayor porcentaje de población en situación extrema, con un 6,4%, aunque ha mejorado respecto a 2020, cuando alcanzó el 16%. Por otro lado, Sants-Montjüic presenta un 3,7% en esta categoría, mientras que Sarrià se sitúa en el mínimo con un 0,7%.
La percepción de que la lucha de clases ha llegado a su fin es una creencia que algunos sostienen, aunque podría interpretarse que las clases bajas han dejado de luchar ante la ineludible realidad de una sociedad en la que los ricos se enriquecen cada vez más, mientras que los pobres ven cómo su situación se deteriora. Esta dinámica se ve reflejada en el comportamiento de los más adinerados, que no dudan en exhibir sus riquezas en un país que históricamente ha valorado la pobreza.
La leve mejoría observada en Barcelona en los últimos cuatro años es consecuencia de la acción de gobiernos de izquierda, o al menos de centro-izquierda, que han intentado revertir la tendencia. Sin embargo, es vital que la atención no se desvíe hacia otros problemas globales sin abordar la situación crítica en el hogar. Tal como afirmaba el filósofo Jean-Paul Sartre: “la mejor forma de luchar por los esclavos de allá es luchar por los esclavos de aquí”, recordando que el compromiso local sigue siendo fundamental en la lucha contra la pobreza.
