El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un paso que ha reabierto las tensiones entre los socios del Gobierno, PSOE y Sumar. Esta nueva norma ha generado un profundo desacuerdo, especialmente en lo que respecta a la limitación de la acusación popular, un tema que Sumar considera crucial para garantizar la participación de la sociedad civil en el sistema judicial.
En un comunicado, Sumar ha advertido que no respaldará la ley en el Congreso si el PSOE no retira dicha limitación. La formación liderada por Yolanda Díaz ha defendido que la acusación popular es un instrumento «imprescindible» para controlar los abusos del poder económico y político. Esta postura pone de manifiesto la creciente fractura entre las dos formaciones, que comparten el mismo Gobierno pero tienen visiones divergentes en cuestiones clave de política judicial.
Demandas de Sumar para la nueva ley
Sumar ha enfatizado la necesidad de que la nueva ley incluya «más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso» y que facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Estas demandas reflejan la intención de la formación de fortalecer la participación ciudadana en los procesos judiciales y asegurar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados.
La decisión del Consejo de Ministros ha dejado claro que, a pesar de estar en la misma coalición, las diferencias ideológicas entre el PSOE y Sumar son profundas y podrían poner en riesgo la estabilidad del Gobierno. A medida que se acerca la discusión en el Congreso, la presión aumenta sobre el PSOE para que considere las preocupaciones expresadas por su socio minoritario.
Posibles consecuencias de la disputa
Si Sumar mantiene su posición y se niega a apoyar la ley, el PSOE se enfrentará a un escenario complicado en la tramitación de esta importante reforma. La acusación popular ha sido un tema controvertido en la política española y su restricción podría reducir la capacidad de la sociedad civil para influir en los procesos judiciales.
La situación actual pone de manifiesto un desafío significativo para la coalición, que deberá buscar un equilibrio entre las demandas de Sumar y su propia agenda legislativa. A medida que se desarrolla este conflicto, las repercusiones podrían extenderse más allá del ámbito judicial, afectando la cohesión del Gobierno y su capacidad para implementar otras reformas necesarias.
