Seis asociaciones que representan a la Guardia Civil han exigido al ministro del Interior, Fernando Marlaska, que detenga la modificación de la ley que permitiría la regularización de inmigrantes sin la verificación de antecedentes penales. Este cambio, según los cuerpos policiales, compromete la seguridad ciudadana y podría facilitar la entrada de individuos con antecedentes delictivos en España.
Las organizaciones han presentado una solicitud formal al ministro, argumentando que la propuesta de regularización, que afecta a medio millón de inmigrantes, no ofrece garantías adecuadas a la ciudadanía. La medida, que incluye una declaración responsable en lugar de un certificado de antecedentes penales, ha sido catalogada como un riesgo para los agentes de la autoridad y la población en general.
El Gobierno español tiene la capacidad de aprobar esta regularización a través de un Real Decreto-ley, una norma que le permite modificar reglamentos sin necesidad de pasar por el Congreso, en situaciones consideradas urgentes. Sin embargo, esta falta de control parlamentario ha generado dudas entre la población, que percibe que se trata de una estrategia política para captar votos entre los inmigrantes.
La medida, acordada entre el PSOE y Podemos, se justifica como una «acción urgente y de justicia social», con el objetivo de regularizar a unas 500.000 personas que ya residen y trabajan en el país. No obstante, las cifras ofrecidas por el Gobierno no reflejan la realidad actual, ya que se estima que el número de beneficiarios podría alcanzar hasta 700.000 o incluso 850.000, teniendo en cuenta la posibilidad de reagrupación familiar.
Las asociaciones policiales, como Jucil, Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos, han enfatizado la necesidad de eliminar la cláusula que permite la regularización de personas sin un control riguroso de su historial delictivo. En el texto actual, se establece que si no se recibe respuesta sobre los antecedentes penales en un mes, el solicitante podrá presentar una «declaración responsable» de inexistencia de antecedentes penales.
Las organizaciones han pedido que se reconsidere esta disposición y que no se regularice a quienes no puedan demostrar oficialmente su situación legal. De esta manera, se busca asegurar que solo aquellos sin antecedentes delictivos puedan acceder a la regularización, protegiendo así la seguridad de la ciudadanía.
