La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra el tercer grado otorgado al etarra Asier Arzalluz Goñi, quien fue condenado a más de 30 años de prisión. Este caso reabre el debate sobre la política penitenciaria del Gobierno vasco, que ha concedido este régimen de semilibertad al antiguo miembro de ETA, quien tenía previsto cumplir su condena en octubre de 2030.
Arzalluz fue encarcelado el 10 de noviembre de 2009 tras su participación en varios atentados, entre ellos el que acabó con la vida del periodista José Luis López de Lacalle en Andoain, así como el ataque que resultó en la muerte de dos guardias civiles en Sallent de Gallego. La Audiencia Nacional ha señalado que el recurso se basa en la necesidad de evaluar la eficacia del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los presos salir para trabajar o realizar actividades de voluntariado.
El coordinador de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía, Carlos García Berro, argumenta que es fundamental contar con tiempo suficiente para observar los resultados del tratamiento penitenciario aplicado a Arzalluz. A pesar de que la Consejería de Justicia del Gobierno vasco ha considerado el arrepentimiento de Arzalluz hacia las víctimas, la Fiscalía recuerda que el Tribunal Supremo exige una evolución consistente en el tratamiento de los presos.
Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la decisión del Gobierno vasco, calificando de «fraudulento» el tercer grado concedido a Arzalluz. Esta crítica se intensifica tras el reciente otorgamiento del mismo régimen a otro miembro de ETA, Txeroki. Covite sostiene que Arzalluz sigue vinculado al entorno de la izquierda abertzale, como lo demuestra su inclusión en la lista de la organización Etxerat, actualizada a finales de diciembre de 2025.
Este recurso de la Fiscalía refleja la tensión existente en la sociedad española en relación con los derechos y tratamientos de los terroristas encarcelados, especialmente considerando el dolor que aún persiste entre las víctimas del terrorismo.
