El Parlamento de Canarias se enfrenta a serias críticas por la falta de transparencia en la gestión de los sueldos y actividades de sus representantes. La actual presidenta, Astrid Pérez, ha sido objeto de reproches por no informar sobre sus ingresos mensuales, que incluyen su sueldo base como diputada, complementos por su cargo, dietas y una tarjeta de gastos renovada anualmente. Los ciudadanos ignoran cuánto percibe realmente y, más preocupante aún, no hay comunicación oficial sobre este aspecto.
La opacidad en la gestión económica del Parlamento no se limita a la presidenta, ya que varios exministros y miembros del Parlamento han sido criticados por cobrar cantidades elevadas sin justificación. Se estima que algunos de estos cuadros pueden costar entre 4.000 y 6.000 euros, lo que genera indignación entre los contribuyentes que se preguntan por qué deben financiar estos gastos. La brecha entre el sueldo medio de los canarios y los salarios de los parlamentarios es notable, lo que intensifica el descontento social.
La responsabilidad de la transparencia
El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, un cargo independiente designado por el propio Parlamento, se encuentra en una posición incómoda. Aunque su función es promover la transparencia, parece incapaz de abordar la gestión financiera del Parlamento o los sueldos de sus miembros. Esto pone de manifiesto un profundo problema de accountability en la institución, donde la información que debería ser pública se mantiene oculta.
Además, la falta de claridad en las reuniones de los representantes públicos es otro punto crítico. Consejeros y diputados pueden reunirse libremente en sus domicilios o lugares de ocio, pero las reuniones que tienen lugar en sedes oficiales deben ser transparentes y comunicadas al público. En otros países, esta práctica es habitual y contribuye a una política más abierta y responsable.
Un llamado a la acción
La situación actual en el Parlamento de Canarias refleja una falta de compromiso con la transparencia que debería ser inherente a una democracia saludable. Los ciudadanos merecen conocer cómo se gestionan sus impuestos y qué decisiones se toman en su nombre. Para restablecer la confianza, es fundamental que se adopten medidas que garanticen la publicación regular de los ingresos de los parlamentarios y la agenda de sus reuniones.
En resumen, la falta de transparencia en el Parlamento de Canarias no solo afecta la percepción pública, sino que también socava la confianza en las instituciones. Es imperativo que los responsables asuman su deber de informar a los ciudadanos y actúen con integridad.
