El futuro del Hotel Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Carboneras, sigue siendo incierto a pesar de las promesas realizadas por la vicepresidenta Montero. A principios de febrero, Montero afirmó que la demolición del hotel, considerado ilegal, se llevaría a cabo en un plazo de cinco meses. Sin embargo, el hotel sigue en pie desde que se iniciaron las obras en 2003, a escasos 50 metros de la playa, en un espacio de alto valor ecológico.
La situación es grave, ya que la demolición del hotel tiene un coste estimado de 7 millones de euros, cantidad que el Gobierno de España ha prometido financiar en varias ocasiones. En paralelo, la Junta de Andalucía se encargaría de restaurar la playa para devolverla a su estado original. Sin embargo, el Ayuntamiento de Carboneras se niega a asumir cualquier coste asociado a la demolición, complicando aún más el proceso.
Un conflicto administrativo sin solución a la vista
La constructora del hotel, por su parte, busca dilatar el proceso y evitar la demolición a toda costa, a pesar de que el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias firmes que confirman la ilegalidad de la licencia de construcción y el carácter no urbanizable del terreno. A pesar de esto, la demolición se encuentra estancada y no parece haber un acuerdo a corto plazo, especialmente con las próximas elecciones en el horizonte.
La competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio recae en la Junta de Andalucía, que debería liderar la ejecución de la demolición. No obstante, la Junta insiste en que los costes deben ser asumidos por la promotora o por el Gobierno Central, lo que ha llevado a un estancamiento en la situación. La pregunta que surge es si se puede obligar a la promotora a cubrir los 7 millones de euros necesarios para la demolición.
Responsabilidades y errores del pasado
Los abogados de la promotora argumentan que las obras comenzaron con licencia municipal y autonómica, por lo que no se consideran responsables de las irregularidades posteriores. El Ayuntamiento, que podría actuar para recuperar el terreno, parece reacio a comprometerse económicamente y a reconocer el grave error que supuso conceder la licencia en un contexto de desarrollismo turístico durante los primeros años del siglo XXI.
Es relevante señalar que la corporación municipal esperó hasta abril de 2023 para declarar el terreno como no urbanizable en su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), después de haber recibido numerosos requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mientras tanto, los ecologistas continúan vigilantes ante cualquier retroceso en el proceso, que debe concluir con la demolición del hotel.
La situación es un reflejo de la ineficacia administrativa, donde el Ayuntamiento de Carboneras parece ignorar su responsabilidad, la Junta de Andalucía evita asumir el coste de la demolición, y el Gobierno Central espera el momento adecuado para actuar. En este complejo entramado, las promesas de demolición se han ido desvaneciendo con el tiempo, dejando el futuro del hotel Algarrobico en un limbo.
En resumen, la presencia de este «monstruo de cemento y ladrillo» en la costa almeriense desafía no solo a la naturaleza, sino también a la justicia y a las administraciones que deberían haber actuado hace mucho tiempo. La solución a este conflicto parece más lejana que nunca, mientras las administraciones se pasan la pelota y continúan sin tomar decisiones efectivas.
