La reciente Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los Gobiernos de España y Marruecos ha sido presentada oficialmente como un paso hacia el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. Sin embargo, desde Melilla se observa con escepticismo la falta de avances tangibles en asuntos clave para la ciudad, como la reapertura efectiva de la aduana comercial, el control del régimen de viajeros o la transparencia en los acuerdos firmados.
Expectativas versus Realidad
La cumbre, celebrada en suelo marroquí, tenía como objetivo continuar con la hoja de ruta trazada en 2022 tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat. A pesar del tono diplomático y las declaraciones positivas emitidas por ambas partes, en Melilla la percepción es que los compromisos no se han traducido en hechos concretos. Una de las principales promesas era la normalización de la aduana comercial entre Melilla y Marruecos, cerrada de forma unilateral por Rabat en agosto de 2018. Aunque el Ejecutivo español asegura que el proceso está en marcha y que la situación ya puede considerarse «normalizada», en la práctica no se han producido avances significativos que se traduzcan en la reanudación del comercio transfronterizo.
La situación genera desconcierto entre los sectores económicos de la ciudad y alimenta la desconfianza sobre la voluntad real de aplicar lo acordado. Desde el ámbito político local, las críticas se han intensificado. El Partido Popular de Melilla ha denunciado que «los acuerdos entre España y Marruecos se han quedado en papel mojado» y que, más allá de los gestos diplomáticos, no se ha producido ningún cambio que beneficie a Melilla. La senadora del PP, Sofía Acedo, fue tajante al señalar que de la cumbre «esperan poco o nada», y acusó al Gobierno central de actuar con falta de transparencia hacia los ciudadanos.
Fricciones en el Régimen de Viajeros
Otro de los temas de fricción es el régimen de viajeros, un sistema aduanero especial que permite a los ciudadanos marroquíes adquirir productos en Melilla sin pagar aranceles al regresar a Marruecos. Esta fórmula, históricamente utilizada para el comercio atípico, ha sido criticada por fomentar prácticas de contrabando. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha instado al Ejecutivo a cerrar este régimen, argumentando que perjudica la economía local y alimenta la desigualdad entre ambos lados de la frontera.
Varios partidos han coincidido en denunciar la opacidad informativa que rodea a los acuerdos alcanzados durante la RAN. La falta de detalles sobre los puntos que afectan directamente a Melilla y Ceuta, como las infraestructuras fronterizas, los controles migratorios o el régimen comercial, ha generado inquietud entre representantes institucionales y ciudadanos.
El contexto internacional también ha influido en el desarrollo de la cumbre. El conflicto del Sahara Occidental, que sigue siendo uno de los asuntos más delicados en la política exterior marroquí, se mantuvo como telón de fondo en la reunión. Aunque el Gobierno español ha reiterado su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, este alineamiento ha sido motivo de críticas dentro del propio país, especialmente por el coste político que implica en términos de relaciones con Argelia y en el equilibrio diplomático en el Magreb.
Mientras tanto, desde Rabat se insiste en que la colaboración con España avanza con firmeza, y que el nuevo marco de relaciones está basado en el respeto mutuo, la no injerencia y la cooperación en áreas estratégicas como la seguridad, la migración, la energía y el desarrollo económico. No obstante, el hecho de que Melilla no haya sido mencionada con claridad en los comunicados conjuntos ha reforzado la sensación de que los asuntos fronterizos no son prioritarios para Madrid ni para Rabat.
Representantes empresariales de la ciudad advierten que sin una aduana plenamente operativa, el tejido económico melillense sigue debilitándose, con repercusiones en el empleo, la inversión y el comercio local. En paralelo, organizaciones sociales y colectivos vecinales han mostrado preocupación por el impacto del régimen de viajeros y por la falta de información clara sobre cómo se regularán los movimientos en la frontera. El tránsito de personas y mercancías continúa siendo irregular, y muchas decisiones administrativas no se comunican con antelación ni cuentan con una planificación visible.
La presión política y social para que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe con mayor claridad y contundencia en la defensa de los intereses de Melilla crece, al tiempo que se mantienen la vigilancia y la expectativa sobre el rumbo que tomarán las relaciones con Marruecos en los próximos meses. La ciudad autónoma sigue sin respuestas claras y con la sensación de que las decisiones importantes se toman lejos, sin tener en cuenta su realidad ni sus necesidades más inmediatas.
Las esperanzas depositadas en la RAN por parte de algunos sectores se diluyen, y cada vez más voces piden que se traslade con urgencia a las instituciones del Estado la necesidad de atender de manera real y efectiva a las fronteras del sur. Con la vista puesta en futuras cumbres y en la evolución de la situación en el paso fronterizo, Melilla sigue esperando que las promesas se conviertan en hechos. Por ahora, la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana en la frontera sigue siendo notable.
