La reciente sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio de 2025 ha elevado la condena por prevaricación judicial a un magistrado de un juzgado de lo contencioso-administrativo, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la independencia judicial y el derecho de defensa. La resolución del alto tribunal considera que la actuación del magistrado fue «manifiestamente injusta», lo que pone en entredicho no solo su decisión, sino también las garantías que debe tener cualquier juez al ejercer su función.
La seguridad jurídica, principio fundamental recogido en el título 9 de la Constitución, exige previsibilidad y estabilidad en la aplicación del Derecho. En este contexto, el sistema judicial debe ser capaz de corregir errores sin que estos se conviertan automáticamente en infracciones penales. La independencia judicial, que no debe ser vista como una prerrogativa de los jueces, sino como una garantía para el ciudadano, se ve amenazada cuando se castiga la interpretación del Derecho, incluso en casos donde la actuación queda dentro de un marco normativo aceptable.
La causa de esta condena radica en un auto dictado por el magistrado que requería a un ayuntamiento la presentación de documentación relativa a contratos menores. Este auto, aunque discutible, se basaba en el artículo 60.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite al órgano jurisdiccional acordar diligencias de prueba pertinentes. Sin embargo, la decisión de aumentar la pena sin pruebas directas que evidencien una actuación «a sabiendas» de su injusticia plantea serias dudas sobre la correcta aplicación del Derecho.
Implicaciones de la sentencia
El fallo ha incrementado la duración de la pena de inhabilitación del magistrado condenado, lo que podría interpretarse como un atropello al derecho de defensa. Esta decisión se tomó sin audiencia del condenado, ni valoración de pruebas directas que pudieran corroborar la acusación de prevaricación. En este sentido, la falta de inmediación ante el tribunal que ha aumentado la pena contradice la jurisprudencia consolidada sobre el principio de inmediación, dejando al magistrado en una posición de desprotección.
Es fundamental recordar que los jueces, como cualquier profesional, pueden cometer errores. Sin embargo, el Derecho penal no debería ser el mecanismo para sancionar tales equivocaciones, a menos que haya pruebas claras de una intención dolosa y de injusticia manifiesta. La condena por prevaricación no debe confundirse con un mero error judicial; debe implicar una decisión deliberada de actuar en contra de la ley.
En este caso concreto, el hecho de que la sentencia no fuera adoptada por unanimidad, con un voto particular de dos magistrados que disintieron, resalta la relevancia de lo resuelto. Esta división interna en el tribunal añade una capa de complejidad y cuestiona la solidez del fallo, lo que podría tener repercusiones en la percepción pública de la justicia y la independencia judicial.
El futuro de la independencia judicial
La sentencia del Tribunal Supremo no solo afecta al magistrado en cuestión, sino que también envía un mensaje preocupante a la comunidad judicial: interpretaciones erróneas del Derecho pueden llevar a consecuencias penales. Esto plantea un escenario donde los jueces se ven obligados a prever no solo la legalidad de sus decisiones, sino también la posibilidad de sanciones penales futuras. Este clima de incertidumbre puede erosionar la confianza en el sistema judicial y desincentivar decisiones que, aunque válidas desde un punto de vista legal, podrían ser vistas como arriesgadas.
La prevaricación, por su etimología, se entiende como una desviación del camino recto, y no debe confundirse con la mera negligencia o un exceso interpretativo. Para que se configure como tal, es esencial demostrar que hubo una voluntad deliberada de actuar injustamente. En este sentido, la comunidad jurídica debe reflexionar sobre las implicaciones de esta sentencia y su impacto en la seguridad jurídica y la necesaria independencia de los jueces.
En conclusión, el caso del magistrado condenado por prevaricación judicial plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de defensa en un sistema que, en teoría, debería garantizar la imparcialidad y justicia. La interpretación del Derecho no puede convertirse en una trampa penal, y es responsabilidad de todos los actores del sistema judicial asegurar que la justicia no solo se administre, sino que también se perciba como justa.
