El Tribunal Superior de Bogotá ha eximido al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno y fraude procesal, una decisión que vuelve a abrir la fractura política en Colombia y genera dudas sobre la independencia de la justicia. Este fallo, adoptado el 15 de agosto de 2023, anula la sentencia de doce años de arresto domiciliario que había sido impuesta a Uribe por haber sobornado a testigos y por fraude procesal.
La resolución del tribunal argumenta que la jueza de primera instancia cometió errores metodológicos y que su valoración de las pruebas fue subjetiva. En este contexto de creciente tensión institucional, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado que la justicia “repite la historia” al favorecer a aquellos que, según él, consolidaron su poder en alianza con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Reacciones políticas y tensiones en el país
El fallo del tribunal concluye que no hay pruebas directas ni indirectas que demuestren que Uribe instigara el delito de soborno. Además, consideró que las grabaciones telefónicas que lo implicaban fueron obtenidas de manera ilícita, vulnerando su derecho a la intimidad. La absolución deja a Uribe en libertad total y marca un giro significativo en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente del país.
El expresidente Iván Duque celebró la decisión, afirmando que “se ha hecho justicia” y que “la inocencia de Uribe ha prevalecido”. Por su parte, Juan Manuel Santos pidió respeto por la independencia judicial, recordando que “los fallos no se acatan según la conveniencia política”. Las reacciones de ambos líderes reflejan la polarización del panorama político colombiano, donde la derecha reivindica a Uribe como símbolo de legalidad, mientras que la izquierda lo culpa de haber legitimado la violencia paramilitar.
Movilización ciudadana y la búsqueda de justicia
En medio de este clima de enfrentamiento, el presidente Petro ha vinculado la decisión judicial con la situación internacional, señalando que su homólogo estadounidense, Donald Trump, “aliado con estos políticos”, busca penalizar a quienes denuncian los vínculos entre el poder y el narcotráfico. En respuesta a la absolución de Uribe, Petro ha anunciado que la movilización ciudadana programada para este viernes será el inicio de una recolección de firmas para un poder constituyente, lo que él considera una respuesta del pueblo ante una justicia que ha “perdido independencia”.
La absolución de Álvaro Uribe vuelve a colocar a Colombia frente a su propio espejo, un país atrapado entre un pasado violento y la búsqueda de una justicia imparcial. La reacción de Gustavo Petro anticipa semanas de movilización y un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En última instancia, persiste la pregunta que ha dividido a Colombia durante décadas: ¿puede la justicia actuar sin contaminarse del poder político?