El sindicato JUPOL, que representa a la mayoría de los agentes de la Policía Nacional, ha solicitado la destitución inmediata del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, tras la admisión a trámite de una querella judicial en su contra. Esta querella, a la que ha tenido acceso el periódico El Independiente, incluye acusaciones de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
En un comunicado emitido este martes, JUPOL ha manifestado su «profunda preocupación» por la gravedad de las acusaciones y por la importancia institucional del cargo que ocupa el investigado, quien es el máximo responsable operativo de la institución policial.
El sindicato ha remarcado su «respeto absoluto a la presunción de inocencia», enfatizando que corresponde a los tribunales determinar la veracidad de los hechos y las responsabilidades pertinentes. Sin embargo, subraya que la permanencia del DAO en su puesto es «insostenible» desde la perspectiva de la ejemplaridad, la ética pública y la protección de la propia institución.
Con el fin de garantizar la prudencia institucional, JUPOL exige que se suspenda al DAO mientras avanza la investigación judicial. Según el sindicato, esta medida no implica una condena anticipada, sino que busca evitar interferencias que pudieran surgir debido a su posición jerárquica.
«La ejemplaridad no puede ser una exigencia que solo recaiga en los agentes de base, mientras que se relaja en el caso de los altos mandos. La vara de medir debe ser la misma para todos», señala la organización.
Asimismo, JUPOL ha advertido sobre el impacto negativo que esta situación podría tener en la imagen del conjunto del cuerpo, que cuenta con más de 70.000 agentes. Por ello, han insistido en la necesidad de preservar la credibilidad institucional mediante decisiones firmes y transparentes.
El sindicato también ha trasladado su exigencia al Ministerio del Interior, argumentando que el DAO es un cargo de designación política y que su continuidad depende directamente del ministro. A pesar de los intentos de este medio por contactar con el ministerio, no se ha obtenido respuesta.
En este sentido, JUPOL ha instado al titular de Interior a «asumir su responsabilidad política» y a tomar medidas inmediatas. A su juicio, la permanencia de un alto mando policial bajo investigación por delitos tan graves compromete la confianza en la cúpula operativa de la institución.
Finalmente, el sindicato ha solicitado la activación de todos los mecanismos de protección para la presunta víctima, para asegurar que no se produzcan presiones, represalias o condicionamientos profesionales a lo largo del proceso judicial. Según JUPOL, si los hechos denunciados implican un abuso de superioridad o el uso de la jerarquía para influir en la víctima, se trataría de una «quiebra gravísima de los principios que rigen el mando policial».
