Junts per Catalunya ha vuelto a unir fuerzas con el Partido Popular y Vox en uno de sus feudos, Sant Cugat del Vallès. Esta vez, el acuerdo se centra en apoyar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, donde se capturó a Nicolás Maduro para ser entregado a la justicia estadounidense.
En este municipio, reconocido por su riqueza en Cataluña, Junts, liderado por Carles Puigdemont, comparte el gobierno con ERC, pero recientemente ha comenzado a forjar alianzas con el bloque de la derecha, lo cual ha generado tensiones con sus socios republicanos y otros partidos de izquierda.
La CUP presentó una moción en el pleno municipal para condenar lo que consideran una «agresión» de Estados Unidos hacia Venezuela. Durante la operación, varios militares que resguardaban la residencia de Maduro perdieron la vida, y tanto él como su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. En su moción, los anticapitalistas denunciaron las «injerencias imperialistas» de Estados Unidos, abogando por la «soberanía de los pueblos» y el respeto al derecho internacional.
El debate en torno a esta moción puso de manifiesto la profunda división existente entre los partidos de izquierda y derecha, incluso entre los miembros del gobierno municipal, Junts y ERC. La moción fue rechazada con los votos en contra de Junts, PP y Vox, mientras que ERC, CUP y En Comú Podem la apoyaron. El PSC optó por la abstención.
En el Ayuntamiento de Sant Cugat, Junts cuenta con nueve concejales, tras haber ganado las últimas elecciones, mientras que ERC tiene cuatro. Tanto el PSC como el PP tienen tres concejales cada uno, y la CUP, Comuns y Vox cuentan con dos cada uno. Por lo tanto, Junts dispone de múltiples opciones para establecer pactos.
En un hecho que sorprendió a muchos, el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró, hizo declaraciones en castellano, lo que generó críticas entre los nacionalistas. Puigneró celebró «la caída de Maduro» y argumentó que la intervención estadounidense en Venezuela podría ser «compatible» con la defensa de la democracia. Sin embargo, también advirtió que había que esperar y ver «cómo termina el trabajo».
Después de sus declaraciones, fue recriminado por la concejala de Promoción de la Ciudad, Esther Madrona (ERC), quien calificó de «grave» lo expresado por Puigneró y describió la intervención de EE.UU. como «una agresión imperialista contra un país». Aún así, la distancia entre Junts y ERC se ha ido ampliando, a pesar de ser socios de gobierno.
La concejala del PSC, Elena Vila, llegó a calificar durante el pleno al concejal del PP, Álvaro Benejam, como «el segundo portavoz de Junts«.
El alcalde de Junts, Josep Maria Vallès, y algunos de sus concejales han coincidido en votaciones sobre seguridad, vivienda y agenda social con PP y Vox. Curiosamente, estas áreas son competencias de ERC en el gobierno local, pero los posconvergentes han decidido cambiar de rumbo en estas cuestiones. Según informes, el temor a la formación emergente Alianza Catalana, que aún no tiene representación en el consistorio, podría haber acelerado este cambio de estrategia.
En medio de la ruptura de Junts con el gobierno de Pedro Sánchez y el descontento en el ámbito local hacia la dirección del partido por el ascenso de Alianza Catalana, el primer edil de Sant Cugat se ha mostrado a favor de mantener relaciones con diversos niveles administrativos, tanto con el PSOE en Madrid como con el PSC en Cataluña. Mediante un artículo publicado a finales de octubre en La Vanguardia, titulado «Herramientas y soluciones frente a la inacción», argumentó que su municipio ha conseguido más partidos judiciales para combatir la reincidencia.
A pesar de que Alianza Catalana aún no tiene representación en el consistorio de Sant Cugat, esto podría cambiar en las próximas elecciones municipales. Junts no está dispuesto a ceder uno de sus bastiones y ha renunciado a algunas de sus políticas pasadas para alinearse con PP y Vox.
Un asunto polémico entre PP y Junts ha sido la derogación de la ley de vivienda en el municipio, así como la petición al gobierno de la Generalitat para que Sant Cugat deje de ser considerada «zona tensionada». La moción presentada por los populares fue aprobada con enmiendas de Junts y recibió el apoyo de Vox.
El texto exigía la derogación de la ley de vivienda, aprobada en 2023, y solicitaba al gobierno de la Generalitat que retirara la declaración de Sant Cugat como zona tensionada. Sin embargo, corresponde al Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) decidir qué municipios son considerados como tales, por lo que no está obligado a acatar esta petición.
