La reciente aprobación de una moción en Jumilla que defiende «los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas», como la Fiesta del Cordero, ha generado un amplio espectro de reacciones. Esta propuesta, que también contempla la modificación del Reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, ha llevado a la Conferencia Episcopal Española a manifestar su desacuerdo junto a la Comisión Islámica Española, argumentando que dicha moción va en contra de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan la libertad religiosa y de culto tanto en espacios públicos como privados.
Reacciones y principios fundamentales
Ambas instituciones han subrayado que el respeto a la diversidad cultural y religiosa es fundamental para la convivencia en una sociedad plural. En un contexto donde la polarización parece agudizarse, estas declaraciones buscan poner de manifiesto la necesidad de un diálogo inclusivo. La idea de que los derechos humanos y la dignidad de la persona son inalienables y previos a cualquier legislación estatal es esencial en este debate. La comunidad política tiene la responsabilidad de reconocer y proteger estas libertades, incluyendo la libertad de conciencia, de pensamiento y de culto.
Desde un enfoque católico, se plantea que la fe no debe ser reducida a mera ideología o folclore. La tradición cristiana, que ha sido acogida por el Pueblo de Dios a lo largo de los siglos, debe ser entendida como un eje moral y ético que guía la vida en comunidad. Sin embargo, la falta de un cultivo profundo de la fe puede llevar a una interpretación superficial de estas tradiciones, utilizándolas como herramienta en luchas de poder en lugar de como un medio para fomentar la convivencia y el entendimiento.
El dilema de la modernidad y la tradición
La tensión entre la defensa de nuestras «tradiciones» y la creciente presión por una modernidad que a menudo rechaza lo religioso plantea interrogantes sobre el futuro de las democracias. Los defensores del relativismo moral se enfrentan ahora a la necesidad de regenerar la democracia, reconociendo que la tradición no debe ser relegada a un papel secundario. Este dilema se vuelve aún más complejo cuando se considera que el rechazo de las tradiciones religiosas puede llevar a una erosión de los valores que forman la base de la identidad colectiva.
Es crucial que aquellos que promueven el bien común y la dignidad humana se reconecten con las fuentes de sus tradiciones. En este sentido, la paradoja radica en que tanto el progresismo cultural como la moción de Jumilla parecen coincidir en la necesidad de redefinir el concepto de «pueblo» y, por tanto, de democracia. Esta redefinición no puede ignorar los derechos y las necesidades de aquellos que se sienten perseguidos o marginados en la sociedad actual.
La búsqueda de un equilibrio entre el respeto por la diversidad y la afirmación de las tradiciones es un reto que requiere un compromiso sincero por parte de todos los actores sociales. En un mundo globalizado, donde el diálogo entre culturas y religiones es más relevante que nunca, la defensa de los valores y tradiciones debe surgir de un deseo genuino de convivencia pacífica y enriquecedora.
