El juicio a los padres acusados de maltratar a su bebé en Badajoz ha sido suspendido y se reprogramará para el 30 de enero de 2026. La decisión se tomó debido a la incomparecencia de un testigo clave, un pediatra que atendió al menor en el hospital. Los abogados defensores, Alfredo y María Pereira, solicitaron al juez el aplazamiento, argumentando que el testimonio del pediatra es «fundamental» para el caso.
El magistrado accedió a la petición, lo que ha generado preocupación entre los acusados, quienes enfrentan una situación angustiosa desde que se les retiró la custodia de su hijo en septiembre de 2023, cuando el bebé tenía apenas tres meses. Desde entonces, el menor permanece bajo la tutela de la Junta de Extremadura, en una familia de acogida, y sus padres solo pueden verlo una vez al mes en un punto de encuentro.
La fiscalía ha solicitado una condena de hasta 11 años de prisión para los progenitores, quienes se enfrentan a múltiples cargos, incluyendo un delito de lesiones con agravante de parentesco, por el que se piden cinco años de cárcel; tres delitos de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, con un año de prisión por cada uno; y un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, que conlleva tres años más de prisión. Además, se plantea privarles de la patria potestad del menor y que se les prohíba acercarse a menos de 300 metros de él durante cinco años por los primeros dos delitos y durante dos años por el tercero. La fiscalía también reclama una indemnización de 17.000 euros por las lesiones ocasionadas al niño.
Los acusados han mantenido su inocencia desde el inicio del proceso, describiendo su situación como un «infierno». La defensa argumenta que no existen pruebas que demuestren que los padres hayan maltratado a su bebé, y solicitan su absolución y la restitución de la patria potestad. También sostienen que hay informes médicos «contradictorios», y que el menor fue examinado por diferentes facultativos desde su nacimiento hasta el día en que ingresó en el hospital sin que se detectaran signos de violencia.
Esta situación ha captado la atención de la sociedad, que sigue con preocupación el desarrollo de un caso que pone de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares y la protección de los menores en situaciones de riesgo.
