Intersindical Canaria ha denunciado este domingo las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, donde reveló datos clínicos del diputado de Nueva Canarias y Bloque Canario (NC-BC), Yone Caraballo. Ante esta situación, el sindicato ha exigido el “cese fulminante” de Goya y de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, por “impericia en la gestión” y por representar una “peligrosidad demostrada” para el servicio público.
En un comunicado, Intersindical Canaria ha criticado que el director del SCS haya cruzado una “línea roja moral y legal”, además de contar con el respaldo de Monzón en sus actuaciones. “¿Qué clase de garantías ofrece un equipo que puede acceder a datos confidenciales de una persona y utilizarlos para desviar la atención cuando lo considera oportuno?”, han expresado desde el colectivo.
El sindicato ha puesto de manifiesto su preocupación por el hecho de que Goya, al frente de la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, haya recurrido a lo que califican de “matonismo ‘trumpista’” en sus intervenciones. Según su análisis, este comportamiento no sorprende, dado el historial de Goya en la gestión, que ha estado marcado por la falta de preparación y formación específica.
Apoyo a Yone Caraballo
Desde Intersindical Canaria se ha brindado apoyo y solidaridad al diputado afectado, calificando su situación como un “ataque personal inadmisible”, más allá de cualquier diferencia política o ideológica. Han lamentado que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo haya permitido la instauración de prácticas propias del “trumpismo” político, en las que la descalificación personal y el uso de información sensible reemplazan el debate serio y el respeto institucional.
En este contexto, el sindicato ha reiterado que existen “motivos más que suficientes” para exigir la destitución inmediata de Monzón y Goya, tanto por su incapacidad en la gestión como por su peligrosidad para el servicio público. “La sociedad no merece dirigentes que utilicen de forma delictiva la información sanitaria ajena como un arma política”, concluyen.
