El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado su decisión de enviar una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresar su descontento con lo que considera un trato discriminatorio hacia Melilla en la política fiscal y financiera del Gobierno central. Imbroda ha manifestado su rechazo a la obligación de adelantar el pago de deuda que aún no ha vencido, a pesar de que la ciudad presenta un superávit y remanentes de tesorería, mientras que otras comunidades como Cataluña y el País Vasco se benefician de procesos de condonación de deuda.
El presidente ha afirmado que esta situación penaliza a las administraciones que han gestionado de forma eficaz sus recursos públicos, haciendo hincapié en que el ahorro generado debería revertir en los ciudadanos. “¿Por qué tengo que pagar ahora la deuda de dentro de cinco o seis años?”, se preguntó en un tono crítico durante su intervención ante los medios. Imbroda sostiene que el Ejecutivo central no solo impide a Melilla utilizar los recursos que le corresponden, sino que también le impone una carga financiera anticipada que limita su capacidad para invertir en políticas sociales.
Cuestionamientos sobre la equidad fiscal
La crítica de Imbroda se intensificó al comparar la situación de Melilla con la de otras comunidades autónomas, señalando que mientras a Melilla no se le permite utilizar su superávit, al Gobierno catalán “se le han dado 1 000 millones de euros más”, lo que evidencia un agravio comparativo. “Nosotros ni siquiera podemos pedir eso. Al revés, nos obligan a anticipar pagos”, lamentó.
A pesar de su escepticismo sobre la respuesta que pueda obtener de la ministra, el presidente de Melilla ha asegurado que formalizará su protesta por escrito. “Claro que se lo voy a comunicar. Pero, la verdad, tengo poca fe, más que poca, diría que ninguna”, expresó, refiriéndose a la escasa confianza en que sus reclamaciones sean atendidas.
Desafíos en el inicio del curso político
En el marco del inicio del curso político, Imbroda ha enmarcado esta situación como uno de los grandes retos que enfrentan los gobiernos autonómicos en este periodo. “Estamos al principio de septiembre, y el curso político está muy, muy candente, muy fuerte, con unas actuaciones que nos vienen encima que son tremendas”, señaló.
A nivel local, el presidente ha asegurado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma ya está plenamente activo. “Cada uno en su puesto de combate, trabajando, dando cuenta”, subrayó. Recordó que ya se han celebrado reuniones con los consejeros, así como plenos y sesiones del Consejo de Gobierno, y que su equipo trabaja intensamente en la ejecución del programa electoral, que es el contrato por el cual serán evaluados dentro de dos años.
Este movimiento institucional se suma a la denuncia pública realizada recientemente por Imbroda, donde calificó de “injusticia flagrante” el hecho de que Melilla haya quedado excluida de las medidas de condonación de deuda impulsadas por el Gobierno para otras autonomías. Con el envío de esta carta, Imbroda busca dejar constancia de su rechazo y solicitar un cambio de criterio que permita a Melilla utilizar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de los melillenses, sin verse obligada a anticipar pagos que no le corresponden en este momento.
