La reciente dimisión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña marca un punto crítico en la política catalana. Illa convocó elecciones anticipadas en marzo del año pasado debido a la incapacidad de aprobar los Presupuestos autonómicos, una jugada que no resultó como esperaba. Desde enero, había intentado fortalecer su posición con la creación de la figura de un viceconsejero de Estrategia y Comunicación, algo sin precedentes en la historia de la Generalitat.
Sin embargo, esta estrategia fracasó. Durante su breve mandato, Illa se encontró en una situación desfavorable frente a Junts, su principal rival, quien obtuvo 35 escaños mientras que ERC se quedó con 20. Esta diferencia fue un golpe significativo para su imagen política, lo que le llevó a presentar su dimisión. Aunque Illa no se va con las manos vacías, ya que como expresidente tendrá derecho a una pensión y otros beneficios.
En su renuncia, Illa ha dejado un legado de decisiones controvertidas. A pesar de haber intentado establecer acuerdos con diversas fuerzas políticas, como los Comunes y la CUP en temas de vivienda, ha sido criticado por su gestión en asuntos cruciales, incluyendo la ampliación del Aeropuerto del Prat, que implica la reducción de espacios naturales protegidos. Estas decisiones han generado un debate intenso en la sociedad catalana y han dejado un sabor agridulce sobre su capacidad de gobernar.
En el ámbito institucional, Illa ha logrado mantener un cierto sentido de normalidad, a diferencia de su predecesor Quim Torra, evitando polémicas innecesarias como pancartas en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, su relación con el Rey y su asistencia a eventos como la entrega de los Premios Princesa de Asturias han suscitado críticas, especialmente de medios locales.
Por otro lado, la situación de los menas también ha sido un foco de atención. La dirección general encargada de su gestión ha sido rebautizada, un cambio que recuerda a otras reformas superficiales que no abordan los problemas de fondo. Aún persisten acusaciones de malversación de hasta 167 millones de euros que involucran a varios exconsejeros de Esquerra, lo que añade más presión sobre la administración.
La dimisión de Illa no solo es un reflejo de su ineficacia para consolidar un gobierno sólido, sino también una muestra de la inestabilidad política que vive Cataluña. A medida que el panorama se redefine, queda por ver quién tomará las riendas y cómo se abordarán los desafíos que deja su administración.
