El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantuvo un tenso intercambio con la alcaldesa de Ripoll durante la última sesión de control en el Parlament. La discusión surgió a raíz de la reciente decisión del Ayuntamiento de Ripoll de prohibir el burkini en la piscina pública, una medida que ha generado un acalorado debate sobre la inmigración y las políticas de igualdad en la región.
La alcaldesa, Sílvia Orriols, criticó abiertamente la postura del gobierno catalán, recordando que en junio de 2023, el anterior ejecutivo, liderado por Esquerra, había autorizado el uso del burkini en instalaciones públicas. Esta autorización fue impulsada por la entonces consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, de la Universidad Pompeu Fabra. A pesar de que la medida se presentó como un avance hacia la igualdad de género, ha generado controversias en localidades con poblaciones magrebíes significativas, donde el uso de este tipo de indumentaria se ha incrementado.
Un choque de visiones políticas
Illa, visiblemente molesto por las declaraciones de Orriols, cuestionó la coherencia de sus argumentos y la acusó de promover un discurso de odio. Su crítica se centró en que, según él, la postura de la alcaldesa no favorece la integración de los inmigrantes en Cataluña, comparando la inmigración magrebí con la que provenía de otras regiones de España en las décadas de 1960 y 1970. Esta equiparación es especialmente significativa, dado que sugiere una falta de reconocimiento de las complejidades inherentes a la inmigración actual.
Esta interacción refleja un clima político tenso en Cataluña, donde el auge de partidos como Aliança Catalana, que podría conseguir entre diez y doce diputados en las próximas elecciones, ha llevado a un cambio en la estrategia comunicativa de los partidos tradicionales. Illa parece estar impulsando una campaña gratuita para Aliança Catalana al enfrentarse a Orriols, quien podría ser vista como la nueva jefa de la oposición por parte del electorado más nacionalista.
Las consecuencias de la polarización
La decisión del Ayuntamiento de Ripoll de prohibir el burkini ha suscitado reacciones mixtas. Por un lado, la nueva consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ya ha anunciado que se contemplarán sanciones a la localidad por esta prohibición, mientras que Orriols ha defendido la medida como necesaria para proteger la identidad y valores de la «civilización occidental». Este tipo de declaración refuerza las divisiones en el debate sobre la inmigración y los derechos de las mujeres musulmanas en Cataluña.
Orriols argumentó que el gobierno autonómico debería garantizar que las piscinas no se convirtieran en espacios que normalicen el uso del burkini, el cual, según ella, estigmatiza a las mujeres. Illa, por su parte, contraatacó cuestionando la capacidad de Orriols para hablar de defensa de los derechos de las mujeres, recordando los conflictos en Gaza y otras polémicas que rodean a figuras políticas de su partido.
Esto no es un fenómeno aislado. A nivel nacional, el aumento de la polarización ha llevado a una disminución del apoyo a los partidos tradicionales en barrios populares, donde los votantes, en contacto directo con la inmigración, están optando por alternativas más radicales y de derecha. La situación actual en Cataluña es un reflejo de esta tendencia, donde incluso partidos como Junts están reconsiderando sus posiciones ante la creciente presión de partidos emergentes que capturan el descontento popular.
El Parlament aprobó recientemente una declaración institucional condenando el incendio de una mezquita en Piera, lo cual muestra que la violencia, independientemente del contexto, es un tema que une a los partidos en su retórica. Sin embargo, la realidad cotidiana de la convivencia entre inmigrantes y autóctonos es mucho más compleja y matizada que lo que se refleja en las declaraciones oficiales.
A medida que las elecciones se acercan, el debate sobre la inmigración en Cataluña seguirá siendo un tema candente, y las posiciones adoptadas por líderes como Illa y Orriols serán cruciales para definir el futuro político de la región.
