La situación de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por el escándalo que rodea a la organización Quorum, que ha recibido 22 millones de euros en contratos desde 2019 y controla un tercio de las plazas disponibles para estos jóvenes en el archipiélago. A pesar de las numerosas denuncias de malos tratos, encierros y humillaciones, la administración ha mostrado una alarmante falta de acción.
Desde 2021, el gobierno actual ha asumido la gestión de estos centros, pero la excusa oficial de la saturación no justifica el evidente colapso del sistema. La masificación de los centros ha permitido que comportamientos potencialmente delictivos se normalicen, mientras los testimonios de maltrato se acumulan. La incapacidad de proteger a los menores de los abusos por parte de sus cuidadores es inaceptable y refleja una grave irresponsabilidad.
La herencia de una gestión desastrosa
La gestión de los menores migrantes bajo la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana, ha sido calificada como un desastre. Las adjudicaciones rápidas, sin controles adecuados, y las denuncias sistemáticamente ignoradas han sido la norma. Aunque ha habido un cambio político, los problemas persisten y, en algunos casos, han empeorado. La precariedad estructural ha convertido los abusos en una rutina y la inacción ante las quejas en una costumbre.
El argumento de que la administración «no puede estar en todo» resulta inaceptable en este contexto. No se trata de un problema menor, como un bache en la carretera, sino de la vida de menores bajo tutela pública, desamparados y vulnerables. La administración de Canarias tiene una obligación moral, ética y legal de garantizar la protección de estos jóvenes.
Responsabilidades y acciones necesarias
El escándalo que rodea a Quorum pone de manifiesto un sistema que prioriza a los proveedores de servicios en lugar de a los menores. La violencia de baja intensidad, como insultos y agresiones físicas, se ha convertido en algo habitual. La sociedad no puede aceptar como normal que la infancia migrante viva en un limbo entre el abandono y el maltrato.
A pesar de las críticas, la situación no ha mejorado lo suficiente. Cerrar dos centros y prometer revisar protocolos no es suficiente si no se asegura que ningún niño bajo tutela vuelva a temer a quienes se supone que deben cuidarlo. La verdadera vergüenza no reside solo en el comportamiento de unos pocos, sino en la complicidad del gobierno, que ha sido consciente de la situación y no ha actuado decisivamente. La protección de los menores migrantes debe ser una prioridad innegociable.
