El Tribunal Supremo ha tomado una decisión contundente al condenar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras un exhaustivo análisis de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024. Este documento, relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido considerado por la mayoría del tribunal como un elemento que no solo no desmentía un rumor, sino que lo “consolidaba” y oficializaba.
La nota de prensa en cuestión reveló datos protegidos y vulneró la presunción de inocencia del investigado, aportando información innecesaria que lo presentaba como culpable antes de que se dictara sentencia. Según el fallo del Supremo, la actuación de la Fiscalía excedió su deber de informar al caer en una polémica mediática que comprometía derechos fundamentales.
Las posturas enfrentadas del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo también recogió el Voto Particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes argumentaron que la nota era la única respuesta legal posible ante el hecho de que la prensa ya había publicado la información horas antes. Según su perspectiva, el texto era aséptico, objetivo y orientado a la transparencia institucional, sin aportar datos nuevos que hubieran podido perjudicar al investigado.
Además, el fallo detalla cómo se elaboró la nota de prensa durante la noche anterior, bajo instrucciones directas de García Ortiz. Este hecho pone de manifiesto la responsabilidad del exfiscal general en la gestión de la comunicación relacionada con el caso.
La decisión del Tribunal Supremo resalta la importancia de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito judicial y la necesidad de una comunicación responsable por parte de las instituciones. La controversia generada por esta situación ha abierto un debate sobre la ética y la legalidad de las filtraciones en procesos judiciales, así como sobre el papel de la Fiscalía en la esfera pública.
