El Senado ha aprobado este jueves una moción presentada por el Partido Popular (PP) que insta al Gobierno a adoptar «todas las medidas a su alcance, humanas y materiales» para la protección judicial de las mujeres que son víctimas de violencia machista. Esta iniciativa fue debatida en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, obteniendo 16 votos a favor y 11 en contra.
En la moción, el PP solicita al Ejecutivo que implemente nuevas medidas para asegurar la «efectiva protección» de las víctimas, haciendo hincapié en la necesidad de crear nuevas plazas y dotar a los juzgados de los recursos materiales necesarios. El objetivo es evitar que la protección judicial de estas mujeres dé «un paso atrás» en España.
Reforma en el ámbito judicial
Desde octubre, los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer han ampliado su competencia para incluir delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos, siempre que la víctima sea mujer, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, el PP considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son «escasas» y no abordan adecuadamente la situación crítica que enfrentan las víctimas.
En la moción se señala que un Gobierno que se define como «progresista y feminista» no puede ignorar la grave situación que ha surgido tras la reciente aprobación de la ley Orgánica 1/2025, que pretende garantizar una protección real y efectiva para las mujeres afectadas por estos delitos execrables.
Impacto y exigencias del Partido Popular
El Partido Popular critica la falta de acción del Gobierno, señalando que «poco se ha hecho» para mitigar la inminente crisis en la atención y protección de las mujeres víctimas. El PP califica de «inaceptable» que, con la reciente implementación de la ley, se permita que la situación de desatención continúe.
Con este contexto, el Senado ha dejado claro su compromiso en la lucha contra la violencia de género y ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que adopte medidas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de las mujeres afectadas en España.
