El pasado 5 de febrero, el Partido Popular (PP) se preparaba para aprovechar las conductas machistas de un excolaborador de Pedro Sánchez. Ese día, Francisco Salazar compareció ante la comisión Koldo del Senado, un organismo que muchos consideran un tribunal de inquisición contra el actual presidente del Gobierno. Sin embargo, el mismo día estalló el caso de Manuel Bautista, alcalde del PP en Móstoles, quien se encuentra en el centro de acusaciones de acoso sexual y laboral contra una concejala de su propio partido.
La reacción de Alberto Núñez Feijóo fue previsible, señalando que era «una bonita coincidencia» que el caso de Bautista se hiciera público el mismo día de la comparecencia de Salazar. Esto llevó a Feijóo a insinuar que el PP de Madrid y Bautista eran víctimas de una conspiración destinada a igualar las conductas del PP y del PSOE. En este sentido, el PP no solo teme que el caso de Móstoles desvíe la atención del escándalo de Salazar, sino que también se inquieta por las implicaciones que podría tener para la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.
Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, no tardó en exponer su versión, refiriéndose al caso de Bautista como un «caso fabricado». Aseguró que la denuncia se había filtrado para desviar la atención del mal desempeño electoral del PSOE. Sin embargo, la denunciante lleva ocho meses denunciando situaciones de acoso, primero a través de cartas a Isabel Díaz Ayuso y luego en reuniones con la dirección del PP, donde se le aconsejó desistir de su denuncia.
Las evidencias del acoso son múltiples, incluyendo correos en los que la concejala solicitaba ayuda desesperadamente. El daño que ha sufrido es significativo, tal como ella misma describe en un escrito presentado ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. En dicho documento, la concejala detalla un año de acoso laboral y sexual, respaldado por miembros del partido.
Durante la primera conversación que la dirección de Ayuso mantuvo con la denunciante, Serrano mostró una actitud despectiva hacia la situación. El hecho de que no haya desmentido sus comentarios sugiere que el PP está sumido en un encubrimiento para proteger a Bautista y a otros miembros clave del partido.
La portavoz del PP en el Senado, Ana García, debería considerar la posibilidad de citar a Bautista para que declare tras las elecciones en Aragón, aunque la apropiación indebida de la Cámara dificulta esta acción.
