El pasado 14 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) registró en el Cabildo de Lanzarote una moción que proponía declarar persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta propuesta surge en un contexto de descontento popular hacia el líder socialista, quien desde hace años elige Lanzarote como destino vacacional junto a su familia. Según el PP, el objetivo de la moción es canalizar el sentir mayoritario de rechazo en la isla hacia la figura del presidente, al que acusan de estar “perseguido por la sospecha” y de tolerar actitudes vejatorias hacia la mujer.
Sin embargo, la Junta de Portavoces del Cabildo decidió retirar la moción del orden del día del pleno previsto para el día siguiente. Esta decisión ha sido duramente criticada por el PP, que alega que limita el derecho fundamental de los consejeros insulares a presentar propuestas. En su comunicado, el partido subraya que esta acción sienta un “peligroso e indeseado precedente” en la institución.
El PP ha anunciado que se reserva el derecho a presentar un recurso de reposición ante el propio Cabildo, así como la opción de recurrir a la vía contencioso-administrativa o incluso a la penal, argumentando que se podría tratar de una vulneración de derechos constitucionales. Según el partido, los argumentos jurídicos proporcionados por la Secretaría General del Pleno, en respuesta a un escrito del PSOE, no son compartidos por ellos, ya que creen que chocan con el derecho de los consejeros a presentar iniciativas en el pleno.
El Partido Popular también ha señalado que no entiende la “desesperación” del Grupo Socialista por evitar, a toda costa, el debate sobre esta moción, y considera que esta actitud busca “amordazar” el debate político en el Cabildo. Según el PP, esto forma parte de un intento por silenciar los “escándalos de corrupción” que afectan a Sánchez y su entorno, así como los incumplimientos sistemáticos de sus responsabilidades hacia Lanzarote y La Graciosa.
La decisión de retirar la moción se tomó con el respaldo del PSOE, el grupo mixto y Coalición Canaria, tras una reunión urgente convocada a raíz del escrito socialista que incluyó una sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia establece que las administraciones locales no tienen competencia para emitir este tipo de declaraciones, lo que implicaría que, de haberse aprobado, no tendrían validez legal.
En un clima político tenso, la situación en Lanzarote refleja las divisiones y el descontento que caracterizan el actual panorama político español. La controversia sobre la moción del PP ha puesto de manifiesto las luchas internas y el debate sobre el papel de las instituciones locales en cuestiones de relevancia nacional.
