El Partido Popular (PP) ha intensificado sus esfuerzos por desviar la atención sobre las competencias en la gestión de incendios en las comunidades autónomas más afectadas por la actual ola de fuegos. En los últimos días, el PP ha lanzado una serie de acusaciones contra el Gobierno de España, al que ha criticado por su supuesta falta de acción. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interrumpido su descanso estival para afirmar que el Ejecutivo está llegando “tarde” a la lucha contra los incendios.
En este contexto, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha lamentado que “son las comunidades autónomas las que están tirando del carro” y ha acusado al Gobierno de no estar proporcionando los recursos necesarios. Sin embargo, la normativa vigente establece que la competencia para la extinción de incendios recae en las comunidades autónomas, que son quienes deben solicitar ayuda adicional al Ejecutivo central si lo consideran necesario.
Feijóo también ha afirmado que “el Gobierno sigue de vacaciones”, a pesar de que ya se habían desplegado efectivos estatales en las áreas más afectadas por los incendios. Esta estrategia del PP de utilizar la tragedia medioambiental como arma política se ha hecho patente al intentar culpar al Gobierno por las consecuencias que provocó la DANA en la Comunidad Valenciana en octubre pasado.
Es importante recordar que la gestión de emergencias y la extinción de incendios es una competencia autonómica. Según la legislación actual, corresponde a las comunidades autónomas solicitar los recursos necesarios al Gobierno central, lo que significa que el PP no puede eludir su responsabilidad en la gestión de estos desastres. A medida que la ola de incendios continúa afectando a diversas regiones, el debate sobre las competencias y la coordinación entre administraciones se vuelve más relevante que nunca.
La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de la gestión de crisis y la responsabilidad de cada administración en la protección de la ciudadanía frente a desastres naturales. En este sentido, la colaboración y coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas serán cruciales para abordar la crisis de manera efectiva y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
