El Parlament debatirá el próximo martes la consideración de dos iniciativas legislativas impulsadas por la izquierda, con el objetivo de combatir la compra especulativa de viviendas en las Islas Baleares. Una de estas propuestas, presentada por Unidas Podemos, busca elevar la presión fiscal sobre las adquisiciones de inmuebles por parte de fondos de inversión, mientras que la otra, promovida por Més, pretende establecer límites a la compra de propiedades por no residentes, sin importar su nacionalidad.
A pesar de la relevancia del tema, parece que ambas leyes carecen de posibilidades de éxito en la votación. La propuesta de limitar la compra a no residentes ha suscitado inquietudes jurídicas entre los grupos del PP y PSIB, mientras que la subida de impuestos generalmente no es bien recibida por la derecha. No obstante, el debate de estas iniciativas será el centro de atención en el próximo pleno.
La iniciativa de Unidas Podemos plantea una significativa elevación de los impuestos aplicados a la compra de viviendas, especialmente aquellas destinadas a ser utilizadas como viviendas turísticas o adquiridas por empresas. «No existe un problema de vivienda, sino de acceso a la vivienda», ha afirmado el diputado José María García, quien insiste en la necesidad de abordar la problemática de los inmuebles vacíos.
Por su parte, Més comparte un razonamiento similar, subrayando que la vivienda debe ser considerada como un lugar de residencia y no como un simple activo económico. «Las Islas Baleares no somos un tablero de monopoly», ha expresado el portavoz Lluís Apesteguia, quien además ha puntualizado que la restricción a no residentes debería estar vinculada al uso previsto de la vivienda, en lugar de al origen del comprador, anticipándose así a las objeciones sobre las limitaciones impuestas por Europa.
A pesar de estas aclaraciones, el PP ha utilizado el argumento de las restricciones europeas para justificar su oposición, afirmando que las propuestas de Més son «conscientes de su inviabilidad». El PSIB también ha cuestionado la legalidad de la propuesta, a pesar de compartir su objetivo, con el portavoz adjunto Marc Pons señalando que el Gobierno de España «está gestionando» en la dirección de restringir la compra de vivienda por no residentes. En relación a la propuesta de Unidas Podemos, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha indicado que aún deben analizarla.
