El Parlament de Cataluña ha aprobado el nuevo plan de vivienda propuesto por Salvador Illa, que incluye la ambiciosa rehabilitación de 150.000 viviendas en un periodo de siete años. Esta decisión surge en un contexto donde la crisis habitacional es la principal preocupación de los ciudadanos catalanes, según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
El debate se centró en dos propuestas clave: la construcción de 214.000 pisos nuevos, con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida, y la gestión de 13.000 pisos y 300 solares de la Sareb. Sin embargo, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) decidió no detallar estas medidas en el texto sometido a votación, buscando únicamente el respaldo del hemiciclo para consolidar un modelo estructural de promoción de vivienda con protección pública.
A pesar de este respaldo, la oposición ha frenado la implementación de un acuerdo de país para activar la construcción de vivienda protegida hasta 2030. El principal partido opositor, Junts, ha permitido a Illa reafirmar su compromiso de una inversión anual de 1.100 millones de euros para fomentar la colaboración público-privada, en línea con los planes presentados en el debate.
Mientras tanto, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y los Comuns han aportado nuevas propuestas, centradas en la rehabilitación de viviendas. Los Comuns han propuesto que las 150.000 viviendas a rehabilitar se destinen a vivienda protegida, mientras que ERC ha logrado que se apruebe un plan de revisión de edificios con más de 50 años de antigüedad, con una dotación de 2 600 millones de euros y actuaciones programadas hasta 2023.
Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, ya que los Comuns han criticado el «triunfalismo» de Illa ante la crisis habitacional y han votado en contra de todas las propuestas socialistas. A pesar de sus esfuerzos, no han conseguido avanzar en una ley para prohibir las compras especulativas de vivienda ni en la implementación de una nueva escala del impuesto sobre patrimonio para fortunas que superen los 100 millones de euros, conocida como tasa Zucman.
Por su parte, el Partido Popular (PP) no ha logrado que prospere la derogación de las regulaciones en materia de vivienda ni se active una oficina que luche contra la ocupación. La falta de consenso entre los partidos muestra la dificultad para encontrar soluciones efectivas a la crisis de vivienda en Cataluña, lo cual deja a muchos ciudadanos con incertidumbres sobre su futuro habitacional.
