El Ministerio de Igualdad ha sido acusado de ejercer una coacción ideológica sin precedentes al exigir a las organizaciones que opten a subvenciones que modifiquen sus estatutos. Según más de 40 entidades, se solicita que estas organizaciones expresen su rechazo a la prostitución y la gestación subrogada para poder acceder a estos fondos públicos.
Desde el pasado mes de enero, el ministerio ha implementado un modelo abolicionista que considera la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Esta exigencia ha generado un intenso debate y oposición entre múltiples colectivos. Luna Wine, activista por los derechos de los trabajadores sexuales y miembro de Stop Abolición, ha señalado que la condición de reprobar la prostitución es una medida coercitiva, que limita el acceso a financiación para muchas asociaciones que históricamente enfrentan dificultades para obtener recursos.
Si las organizaciones no modifican sus estatutos o no demuestran de manera contundente su rechazo a la prostitución y la gestación subrogada, se enfrentarán a una penalización significativa en el proceso de evaluación, lo que podría reducir su puntuación en hasta 28 puntos sobre 100 en la concesión de ayudas públicas.
El Gobierno ha defendido que estas modificaciones buscan garantizar la calidad de los proyectos y reforzar principios de objetividad y coherencia. Sin embargo, organizaciones que abogan por la regulación de la prostitución y grupos familiares LGTBI, como Galehi y FLG, han criticado esta imposición, argumentando que estigmatiza a quienes han recurrido a la gestación subrogada y que ignora el interés superior del menor.
Ana Miramontes, asesora jurídica de las asociaciones afectadas, ha declarado que estas exigencias son una forma de chantaje económico sin precedentes, y que se prevén acciones legales para impugnar estos nuevos reglamentos, argumentando que atentan contra los derechos reproductivos ya establecidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
El ministerio, por su parte, ha mantenido que su normativa es jurídicamente sólida y coherente con los principios que rigen la concesión de subvenciones. Según ellos, estas exigencias son necesarias para garantizar la eficacia y legitimidad de las políticas públicas relacionadas con la igualdad y la protección de los derechos humanos.
La controversia ha llevado a un amplio sector de la sociedad a cuestionar la capacidad del Gobierno para imponer criterios ideológicos, argumentando que esto puede socavar la libertad de expresión y pensamiento, y desamparar a las mujeres que realmente necesitan apoyo.
