El Gobierno de España ha impuesto una obligación a las comunidades autónomas para que reciban a menores extranjeros no acompañados (menas), a pesar de la saturación que muchos de estos centros de acogida están experimentando. Esta medida, que prevé la derivación de 3.000 menores desde zonas saturadas a otras menos tensionadas, ha generado un fuerte rechazo en varias regiones que consideran que ya no pueden asumir más recursos sin comprometer la atención adecuada.
Reacción de las comunidades autónomas
Regiones como Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana se han manifestado en contra de esta decisión y están considerando acciones judiciales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido que el incumplimiento de la ley tendrá consecuencias legales inmediatas, asegurando que los criterios de traslado son objetivos. Sin embargo, las autonomías cuestionan la validez de estos criterios, alegando que la presión inmigratoria supera su capacidad de acogida.
Las cifras del mes de julio indican que Andalucía debe recibir 677 menores, Madrid 647 y la Comunidad Valenciana 571. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Galicia, también se verán afectadas, con una asignación de 320 y 317 menores respectivamente. Esta situación ha llevado a varios gobiernos autonómicos a preparar recursos judiciales para frenar la obligatoria acogida.
Desafíos en la gestión de recursos
El nuevo decreto que entra en vigor establece la capacidad de acogida por comunidad y obliga a la solidaridad entre regiones. Sin embargo, las comunidades critican que el Gobierno ignora la saturación real de sus centros y servicios. En regiones como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Baleares, la situación es especialmente crítica y los recursos están completamente desbordados.
El Ejecutivo insiste en que la medida es legal y necesaria para garantizar la acogida de menas sin colapsar los territorios involucrados. A partir de septiembre, se prevé que los menores que lleguen a territorios saturados sean trasladados en un plazo de 15 días. Sin embargo, los tribunales podrían paralizar estas derivaciones si se demuestra la incapacidad de acogida por parte de las comunidades.
El conflicto entre el Gobierno y las comunidades autónomas pone de manifiesto la necesidad de un apoyo real y recursos adicionales para afrontar esta situación. La relación entre el Estado y las comunidades se encuentra nuevamente en tensión, lo que plantea un desafío importante para la gestión de la inmigración en España.
