El Gobierno de España ha anunciado la aprobación inminente de un decreto que establecerá un mecanismo para repartir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta medida se pone en marcha en un contexto de creciente presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, dos de los principales puntos de entrada de personas migrantes a España, según ha informado Antena 3 Noticias.
La situación en Ceuta se ha vuelto crítica en las últimas semanas. La madrugada del pasado domingo, alrededor de 200 migrantes intentaron entrar a nado en la ciudad mientras eran interceptados por la marina marroquí. «Desde el espigón del Tarajal se apreciaban las descargas de personas que habían sido interceptadas en el mar y que quedaban en los arenales del vecino país», relata el Faro de Ceuta. Esta presión constante ha saturado los sistemas de acogida en ambas ciudades autónomas.
Medidas para gestionar la crisis migratoria
Ante esta situación, el Ejecutivo ha decidido buscar soluciones para descongestionar los centros de acogida, especialmente en lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados (MENA). Estos menores representan uno de los mayores retos en materia de gestión migratoria. La iniciativa contempla una distribución más equilibrada de estos menores por el territorio nacional, con el objetivo de garantizar su atención adecuada, respetando sus derechos y favoreciendo su integración social.
El Ministerio de Juventud e Infancia será el encargado de coordinar esta acción, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, el plan no está exento de controversia, ya que varias comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, han expresado su rechazo a un reparto obligatorio sin consenso previo. Estas regiones sostienen que cualquier decisión de este tipo debe ser acordada y no impuesta desde el Gobierno central, exigiendo recursos adecuados para poder llevarlo a cabo.
Reacciones y desafíos en el reparto de menores
Esta semana comenzará el traslado de menores desde los centros de Ceuta y Melilla hacia otras regiones, en un proceso que el Gobierno ha calificado de temporal y urgente debido a la capacidad de acogida desbordada en ambas ciudades. Comunidades como Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana han manifestado su voluntad de colaborar, mientras que otras como Madrid y Andalucía han mostrado reservas, condicionando su participación a garantías económicas y legales.
Es importante destacar que el reparto no será uniforme: se tendrá en cuenta tanto la capacidad de acogida como la experiencia previa en atención a menores. La ubicación estratégica de Ceuta y Melilla en el norte de África, frontera terrestre con Marruecos, las convierte en puntos recurrentes para el intento de entrada de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad que viajan sin compañía.
El perfil de estos menores varía, pero una gran parte procede de países del Africa subsahariana y del Magreb. La llegada a territorio español a menudo implica trayectos largos y peligrosos, lo que acentúa su vulnerabilidad y la necesidad de ofrecerles protección inmediata. Aunque el reparto de menores migrantes entre comunidades no es un fenómeno nuevo, la situación actual ha obligado a reactivar este mecanismo con mayor urgencia.
El Gobierno enfatiza que el decreto no busca imponer, sino proporcionar cobertura legal a un proceso de solidaridad entre territorios. Además, recuerda que el objetivo principal es proteger a los menores, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales sobre derechos de la infancia. Desde las ciudades autónomas, se subraya la necesidad de contar con el respaldo económico necesario y con una coordinación efectiva que incluya tanto a las comunidades de destino como a las entidades que trabajan con infancia migrante.
Por último, la presión migratoria sobre las fronteras sur de España ha sido objeto de atención por parte de la Unión Europea, que ha ofrecido apoyo económico y técnico, aunque sin establecer un sistema común obligatorio de reparto entre los países miembros. Ceuta y Melilla, como enclaves fronterizos exteriores de la UE, continúan soportando una carga desproporcionada en este contexto.
