El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado un plan legislativo con el fin de «garantizar un entorno digital seguro». Esta propuesta incluye la idea de prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años, una medida que ha generado un intenso debate en la sociedad, especialmente en relación con su impacto en la salud mental de los jóvenes y adultos.
Los expertos advierten que una prohibición total podría resultar ineficaz y podría vulnerar derechos fundamentales de los menores. En este contexto, se señala que ya existen leyes en España que permiten limitar el uso de diseños engañosos en plataformas digitales, los cuales pueden contribuir a la adicción a las pantallas.
A lo largo de la última década, la Unión Europea ha implementado diversas regulaciones para abordar los efectos negativos del entorno digital. Según Alberto Casaseca, abogado especializado en protección de datos y ciberseguridad, «Europa cuenta con contrapesos que ya establecen sanciones administrativas como multas». La Ley de Servicios Digitales (DSA), que entrará en vigor en febrero de 2024, es una de las normativas más relevantes en este ámbito, obligando a las grandes plataformas a ser más transparentes y a prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores.
La DSA también exige que las plataformas ofrezcan feeds sin recomendaciones algorítmicas que prioricen contenido incendiario o inapropiado. Además, esta ley prohíbe los «dark patterns», que son estrategias de diseño que manipulan a los usuarios, dificultando la cancelación de suscripciones o presentando información engañosa.
Bruselas podría exigir a plataformas como YouTube, Facebook o TikTok que informen sobre el impacto de los «me gusta», un mecanismo que incentiva a los usuarios a pasar más tiempo en línea al liberar dopamina, conocida como «hormona de la felicidad». La UE también cuenta con otras normativas cruciales, como la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que protegen la privacidad de los usuarios y promueven la competencia justa.
No obstante, la implementación de estas leyes enfrenta desafíos. En 2023, la organización ICCL denunció fallos en la aplicación de la DSA, lo que llevó a la Comisión Europea a llevar a varios países, incluida España, ante el Tribunal de Justicia de la UE por su falta de cumplimiento.
Recientemente, Bruselas impuso una multa significativa a X, la red social de Elon Musk, por su diseño engañoso, y también exigió a TikTok modificaciones para eliminar elementos adictivos de su interfaz. Expertos como Jorge Garcia Herrero creen que es fundamental que España se enfoque en hacer efectivas las leyes europeas en lugar de proponer nuevas medidas que podrían ser difíciles de aplicar.
Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos europeos a centrarse en abordar el diseño tóxico de las redes sociales y a aplicar de manera efectiva la DSA. En este sentido, la Comisión Europea prevé presentar la Ley de Equidad Digital (DFA) a finales de 2026, que abordará los patrones oscuros y el diseño adictivo de las plataformas.
Sin embargo, existe preocupación sobre la posible desregulación digital que podría debilitar las protecciones existentes contra amenazas digitales. Además, las grandes corporaciones tecnológicas, como Meta y Alphabet, han intensificado sus esfuerzos para influir en las decisiones políticas en Bruselas, destinando cifras significativas a lobby.
El Gobierno español es consciente del reto que supone esta situación y ha destacado en sus comunicados la impunidad de las plataformas ante el incumplimiento de la legalidad. Con un panorama complejo y en evolución, queda por ver cómo se desarrollarán estas iniciativas legislativas y su impacto real en la protección de los menores en el entorno digital.
