El Consejo de Ministros ha abordado hoy el anteproyecto de ley antitabaco, que busca equiparar los cigarros electrónicos al tabaco convencional, prohibiendo así el uso de vaporizadores en espacios públicos como terrazas y paradas de autobús. Este texto, que se espera que sea aprobado en primera vuelta, deberá pasar por una ronda de consultas antes de ser enviado al Congreso para su tramitación definitiva.
Detalles de la normativa antitabaco
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó en abril el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo para el periodo 2024-2027, que incluye una serie de medidas para reducir el consumo de tabaco en el país. Este nuevo marco legal prohibirá fumar en una variedad de espacios, incluyendo terrazas, campus universitarios, centros docentes, instalaciones deportivas y vehículos laborales. Además, se establecerá un perímetro de seguridad de 15 metros alrededor de centros sanitarios y educativos donde tampoco se permitirá fumar ni vapear.
Por otro lado, el texto no contempla algunas de las medidas anunciadas por la ministra en abril. Entre ellas se incluye el empaquetado neutro, que eliminaría los colores y distintivos de las marcas de tabaco en favor de un diseño uniforme con advertencias gráficas de salud. Asimismo, el aumento del precio del tabaco y los cigarrillos electrónicos, que ha demostrado ser efectivo en países como el Reino Unido, también se ha quedado fuera de esta reforma.
Comparativa internacional y restricciones en España
España se sitúa en una posición similar a países como Reino Unido, Irlanda y Grecia respecto a la restricción del consumo de tabaco, con un nivel catalogado de “muy bueno” según la ONG Smoke Free Partnership (SFP). Esta organización resalta la importancia de establecer medidas efectivas para minimizar el consumo de tabaco y proteger la salud pública.
La reforma que se discute hoy es un paso significativo en la lucha contra el tabaquismo y refleja el compromiso del Gobierno español por crear un entorno más saludable para todos los ciudadanos. La aprobación definitiva de esta ley será un proceso crucial que determinará las futuras políticas de salud pública en España.
