El Congreso de los Diputados ha dado un paso importante hacia la regulación del régimen sancionador para los periodistas parlamentarios al aprobar, el pasado jueves, un dictamen que establece una mayor concreción de las sanciones para aquellos que perturben gravemente la convivencia y el derecho a la información de sus compañeros. Esta decisión se enmarca dentro de la reforma del Reglamento del Congreso, que será votada en el pleno el 22 de julio y que ha sido aprobada por 23 votos a favor y 22 en contra, con la oposición del PP, Vox y UPN.
Detalles del dictamen y sus implicaciones
El dictamen incluye recomendaciones de los letrados de la Cámara, las cuales se han incorporado a través de una enmienda transaccional entre PSOE, PNV y BNG. Estas recomendaciones precisan los comportamientos que se consideran admisibles en el Congreso, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica. Además, se establece un régimen de prescripción para las sanciones: las muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes.
El PSOE ha mostrado su disposición a modificar la normativa sobre la prensa tras recibir críticas de los letrados, como la abogada Paloma Cervilla. Sin embargo, la oposición ha criticado esta medida, argumentando que convierte al Congreso en una cámara de «persecución». La diputada del PP, Carmen Navarro, ha afirmado que esta reforma vulnera derechos fundamentales y busca «castigar a la prensa incómoda».
Reacciones y críticas a la reforma
La tension entre los partidos es palpable, ya que tanto PP como Vox han rechazado la iniciativa. Navarro ha subrayado que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, tiene la facultad de salvaguardar el respeto dentro del Congreso y que su falta de acción se debe a una falta de voluntad. Por su parte, el diputado de Vox, Andrés Rodríguez, ha calificado la propuesta de «atropello democrático» porque considera que restringe el derecho a recibir información veraz.
Desde el lado del Gobierno, Joaquín Martínez, diputado socialista, ha defendido que esta reforma no es un instrumento de restricción, sino de garantías. También ha destacado que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha demandado cambios en la regulación durante los últimos tres años, mencionando episodios de «intimidación» por parte de personas acreditadas en el Congreso.
El diputado del PNV, Mikel Legarda, ha argumentado que este tipo de regulaciones son «lo mínimo exigible» en cualquier institución pública o privada. En contraste, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha criticado a quienes han promovido este cambio, afirmando que «no son periodistas, sino agitadores». Mientras tanto, Pilar Vallugera de ERC ha insistido en la necesidad de establecer medidas para evitar el acoso en los espacios de trabajo.
El debate sobre la regulación de la prensa en el Congreso sigue abierto, y la votación del dictamen en el pleno del 22 de julio será un momento clave para determinar el futuro del régimen sancionador para los periodistas.
