El pleno del Congreso ha dado un paso significativo este martes al admitir a trámite una proposición de ley que busca extender el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas a toda la Administración del Estado. Este movimiento ha sido calificado por varios grupos parlamentarios como una medida necesaria para corregir lo que consideran una “anomalía democrática” en el trato a las diferentes lenguas del país.
La iniciativa, impulsada por un grupo reducido de diputados, ha logrado reunir un amplio apoyo de formaciones políticas que representan a comunidades donde se hablan lenguas propias. Entre los grupos que han mostrado su respaldo se encuentran ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Comuns, y Compromís, así como el diputado de Més per Mallorca. Aunque Junts ha decidido no figurar oficialmente en el apoyo, sus siete diputados votaron a favor, lo que junto al respaldo del PSOE y de Coalición Canaria, ha permitido reconstituir, aunque temporalmente, la mayoría de la investidura.
Un Congreso plurilingüe
El diputado Francesc Marc Álvaro, encargado de presentar la propuesta, utilizó durante su intervención en el Congreso el castellano, el catalán, el euskera y el gallego para enfatizar el espíritu inclusivo de la ley. Álvaro describió la norma como un “ajuste quirúrgico” que busca eliminar situaciones de desigualdad que actualmente perjudican a los hablantes de lenguas cooficiales en comparación con los castellanohablantes. “El objetivo es asegurar derechos lingüísticos efectivos, no solo declarativos”, subrayó, destacando la importancia del artículo 3.3 de la Constitución en la protección del patrimonio lingüístico.
La propuesta, que lleva la firma del jurista y exdiputado de ERC Joan Ridao, incorpora también aportaciones de BNG y EH Bildu, mientras que el PNV se reserva sus enmiendas para la próxima fase de discusión. Se prevé que la ley afecte a múltiples ámbitos, incluyendo el judicial y el educativo.
Reformas en el ámbito judicial y educativo
En el ámbito judicial, se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que los trabajadores de la Administración de Justicia demuestren un conocimiento adecuado de la lengua cooficial del territorio en el que ejercen. Esta medida es considerada por los proponentes como una de las más delicadas pero esenciales para garantizar el acceso equitativo a la justicia.
En el sector educativo, la proposición busca modificar la Ley Orgánica de Educación para garantizar que todos los estudiantes alcancen un dominio pleno y equivalente del castellano y de la lengua cooficial correspondiente al finalizar la enseñanza obligatoria. Además, se contempla que todos los procedimientos administrativos y las plataformas digitales del Estado estén accesibles en todas las lenguas oficiales.
La ley también introduce criterios lingüísticos en la contratación pública y en las licitaciones en comunidades con más de un idioma, con el objetivo de que el uso de lenguas cooficiales no esté sujeto a la voluntad de cada institución, sino que se garantice de manera automática. La iniciativa ha sido definida como una “ley ómnibus” que busca corregir asimetrías que infringen el principio constitucional de igualdad.
La tramitación que comienza ahora será clave para determinar el alcance real de este propósito. El debate de este martes, en el que se escucharon cuatro lenguas desde la tribuna, reafirma la intención de un grupo significativo del Congreso de que la arquitectura administrativa del Estado refleje, sin excepciones, su pluralidad lingüística.
