La muerte de un jornalero rumano de 30 años en Gualchos-Castell de Ferro ha llevado a la dimisión inmediata de Miguel Pérez Castillo, concejal socialista y responsable del área de Agricultura. El trabajador, que realizaba labores de retirada de plásticos en un invernadero, sufrió un fallo cardiaco el pasado 12 de agosto de 2023 debido a la intensa ola de calor que asola la región.
El jornalero, que se encontraba sin contrato, se sintió mal mientras trabajaba a pleno sol y se trasladó por sus propios medios a un centro de salud cercano, donde se desmayó y, lamentablemente, no pudo ser reanimado. La alcaldesa de Gualchos, Antonia María Antequera, confirmó que el concejal había recurrido a una subcontrata para llevar a cabo estas labores agrícolas, aunque desconocía si los trabajadores tenían la documentación en regla.
Investigación y consecuencias laborales
La muerte del trabajador ha provocado una ola de indignación y ha puesto en el punto de mira las prácticas laborales en el invernadero que se vincula a Pérez Castillo. Tras conocerse lo sucedido, el concejal presentó su dimisión, lo que ha sido visto como un acto de responsabilidad ante la gravedad de los hechos. El sindicato Solidaridad ha anunciado que llevará el caso a la justicia para esclarecer la situación laboral del jornalero fallecido y ha advertido que investigará posibles prácticas de explotación.
El secretario general de este sindicato, Jordi de la Fuente, ha declarado que «si se confirma que este político socialista es dueño de este invernadero y contrata mano de obra ilegal, iremos hasta el final». De la Fuente también ha criticado la contradicción de algunos responsables públicos que, según él, hablan sobre derechos humanos e inmigración mientras tratan a los extranjeros «como carne de cañón y mano de obra esclava».
Fallos en la regulación laboral
La Guardia Civil ha comenzado una investigación que será remitida al Ministerio de Trabajo para determinar si se han vulnerado derechos laborales en este caso. Según informes, ninguno de los trabajadores de la subcontrata que operaba en el invernadero contaba con un contrato legal, lo que añade más peso a las acusaciones de falta de regulación en el sector agrícola.
La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Gualchos, donde la imagen pública de Pérez Castillo, que llegó a la política con un perfil cercano y comprometido, se ha visto gravemente afectada por este suceso. La investigación judicial determinará las circunstancias exactas de la muerte del jornalero y las responsabilidades que puedan derivarse de la misma.
