El presidente de Somos Melilla, Amin Azmani, ha denunciado irregularidades graves en el proceso de adjudicación del contrato de seguridad privada para las dependencias municipales, un contrato que supera los 27 millones de euros para los próximos cuatro años. Azmani ha exigido la paralización del procedimiento y una revisión exhaustiva de toda la documentación, argumentando que la oferta presentada por la empresa Sureste Seguridad contiene múltiples errores que deberían haber llevado a su exclusión.
Entre las irregularidades señaladas, Azmani ha destacado la inclusión de direcciones inexistentes en Melilla y la mención a dependencias que no figuran en el pliego del contrato. Este tipo de errores, a juicio del dirigente, compromete la gestión del dinero público y pone en riesgo la correcta adjudicación de un servicio esencial para los ciudadanos. “Estamos hablando de una adjudicación que afecta directamente al dinero de todos los melillenses y que no puede resolverse con esta falta de rigor”, ha advertido.
Incongruencias en la documentación
Azmani también ha cuestionado la validez del Plan de Igualdad presentado por Sureste Seguridad, al afirmar que “no está registrado ni aprobado por el Comité de Empresa”, lo que debería haber afectado negativamente su puntuación en la evaluación. Además, el diputado ha señalado que el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) presentado por la empresa oculta información relevante, incluyendo el incumplimiento sistemático de la legislación laboral.
La situación se agrava con la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo contra la empresa, debido a vulneraciones de derechos laborales y falta de acceso a la información. Azmani ha calificado estas irregularidades como alarmantes, y ha instado a las autoridades a actuar con responsabilidad.
Advertencia al Gobierno
Ante la gravedad de los hechos, Azmani ha trasladado sus advertencias al consejero de Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Política Social y Seguridad Ciudadana, subrayando que si el procedimiento sigue adelante, podría incurrirse en un delito de prevaricación. “Nosotros no vamos a ser cómplices de esto. ¿Cómo se pueden adjudicar contratos de esta forma? Hay que ser más escrupulosos”, ha manifestado con firmeza.
Desde Somos Melilla, se exige al Gobierno de Imbroda y a la mesa de contratación que paralicen inmediatamente la adjudicación y procedan a una revisión exhaustiva del expediente. La denuncia de Azmani pone de relieve la necesidad de un control riguroso en la adjudicación de contratos públicos, especialmente aquellos que gestionan grandes sumas de dinero y que impactan directamente en la comunidad melillense.
