La producción nacional de cereales para el año 2025 ha alcanzado cifras históricas, estimándose en 25,2 millones de toneladas, un incremento del 143% respecto a 2023, cuando la sequía afectó severamente las cosechas. Este aumento, sin embargo, ha tenido un efecto adverso en los precios, que han caído drásticamente, afectando la rentabilidad de los agricultores.
La combinación de lluvias adecuadas en otoño e invierno, junto a una primavera templada, ha favorecido el desarrollo óptimo de los cultivos en comparación con los años anteriores. En regiones como Castilla-La Mancha, se han recolectado más de 4 millones de toneladas, con rendimientos que en algunas comarcas de Ciudad Real alcanzan hasta 7.000 kg/ha. En Navarra, los trigos y cebadas han superado los 5.000 kg/ha en ciertas parcelas, lo que ha llevado a muchos agricultores a calificar esta campaña como una de las mejores en décadas.
Impacto de la sobreproducción en los precios
A pesar de la abundancia, el aumento de la producción tanto a nivel nacional como internacional ha generado una sobreoferta en el mercado. Los precios de la cebada se sitúan entre 170 y 190 euros por tonelada, mientras que el trigo blando oscila entre 180 y 200 euros. El trigo duro, que generalmente tiene un mayor valor añadido, apenas alcanza los 260 euros por tonelada. Organizaciones agrarias como ASAJA y la Unió de Pagesos han advertido que estos precios están por debajo del coste real de producción, provocando pérdidas que en algunos casos superan los 250 euros por hectárea.
Otro factor que agrava la situación es la alta entrada de cereal importado, especialmente de Ucrania, que se ha intensificado debido a la liberalización temporal de aranceles. Estas importaciones se realizan a precios mucho más bajos que los del cereal nacional, y los agricultores han expresado su preocupación por la falta de controles de calidad y trazabilidad en estos productos, lo que distorsiona el mercado interno.
La vulnerabilidad del agricultor español
En muchas áreas, los agricultores se ven obligados a vender su grano «a resultas», es decir, sin un precio fijo, dependiendo de las decisiones del mercado semanas o meses después. Esta práctica, común en cooperativas y contratos privados, deja a los productores en una situación de gran vulnerabilidad. Sin estructuras de venta sólidas y cadenas de valor integradas, los agricultores españoles tienen escasa capacidad de negociación y deben competir en desigualdad con grandes operadores del mercado global.
Ante esta difícil situación, las organizaciones agrarias han solicitado medidas urgentes que incluyen un mayor control sobre las importaciones, ayudas directas, la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, y el fomento del cooperativismo de segundo grado para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena comercial.
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha sugerido que los productores consideren retener su cereal y no venderlo de inmediato, esperando una mejora en los precios. No obstante, muchos agricultores necesitan liquidez para cubrir gastos inmediatos, pagar préstamos o prepararse para la próxima campaña, lo que complica la posibilidad de esperar.
La situación actual requiere un análisis profundo y la implementación de políticas que garanticen la sostenibilidad del sector agrícola, protegiendo a los productores de las fluctuaciones del mercado y asegurando su viabilidad económica.
