El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado un acuerdo con el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) para mejorar las líneas límite municipales en la región, un proyecto que se cofinanciará a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta colaboración busca actualizar y mejorar las delimitaciones jurisdiccionales de los términos municipales hasta el año 2027, como parte de un esfuerzo por reforzar la precisión cartográfica y facilitar la planificación territorial.
La Consejería de Fomento ha suscrito una adenda al convenio original firmado el 15 de julio de 2024, que establece las obligaciones de ambas partes para garantizar una gestión adecuada de los fondos europeos. Según ha informado la Junta en nota de prensa, esta inclusión de financiación europea no incrementará el gasto público regional, ya que se limita a formalizar los requisitos necesarios para la certificación y el retorno de fondos.
Compromiso con la sostenibilidad y la igualdad
El director del Centro Cartográfico Regional, Daniel Corredor, ha destacado que este acuerdo refuerza el compromiso institucional con la mejora de la precisión cartográfica y la delimitación territorial, elementos clave para la gestión de servicios públicos y la seguridad jurídica. Asimismo, se establecen obligaciones como la tramitación administrativa de la operación y el cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, así como la aplicación de criterios de igualdad de género.
Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Programa FEDER 2021-2027 y representa una iniciativa estratégica para la ordenación del territorio en Castilla-La Mancha. A través de la colaboración entre el Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional, se busca no solo mejorar la delimitación de las fronteras municipales, sino también garantizar la correcta gestión de los recursos y el cumplimiento de las normativas vigentes.
La importancia de estos trabajos se traduce en una mejor gestión urbanística y en un fortalecimiento de la seguridad jurídica en los municipios, lo que beneficiará a los ciudadanos y facilitará la planificación de infraestructuras y servicios.
