El Tribunal Supremo ha dictado un fallo contundente respecto a la sustitución de matrículas de vehículos, afirmando que cambiar una matrícula legítima española por una antigua e ilegítima extranjera constituye un delito de falsedad en documento oficial. Este acto no es simplemente una infracción administrativa, sino que tiene implicaciones penales significativas.
El caso surgió cuando un ciudadano fue condenado por reemplazar deliberadamente su matrícula española por una matrícula inglesa, a pesar de que tenía la obligación de circular con la matrícula española. El tribunal subrayó que el acusado actuó con la intención de alterar la veracidad de los datos de identificación del vehículo, lo que resulta inaceptable desde el punto de vista legal.
Un caso de falsedad documental
El individuo, que había sido condenado por este delito, argumentó que la matrícula que utilizaba era válida y coincidía con el número de bastidor de su vehículo. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó su recurso, reafirmando que la conducta del acusado es típicamente delictiva.
En su resolución, los magistrados recordaron que la matrícula forma parte de un documento conjunto con el vehículo. Al cambiar la matrícula legítima por una anterior y extranjera, el acusado no solo incumplió la normativa, sino que también dificultó la identificación del vehículo por parte de las autoridades. Esto, según el tribunal, tiene consecuencias penales claras.
Consecuencias legales claras
El Tribunal argumentó que sustituir la matrícula española por la extranjera alteró deliberadamente el documento que acredita la identidad del vehículo. Este tipo de acciones, lejos de ser un simple incumplimiento administrativo, son consideradas como una simulación de documento oficial que puede burlar la identificación por parte de los poderes públicos.
Los magistrados destacaron que las matrículas anteriores, aunque genuinas en su momento, son actualmente consideradas inauditas y, por lo tanto, su uso en este contexto es ilegal. La conclusión del tribunal es que no se trata solo de una infracción, sino de un verdadero delito que justifica la condena del acusado.
En resumen, el Tribunal Supremo reitera que cualquier intento de alterar los documentos de identificación de un vehículo, como es el caso de las matrículas, no solo es un acto de desobediencia a la norma, sino que puede acarrear serias consecuencias penales para quienes decidan actuar en contra de la ley.
