Un bombardeo aéreo sobre el mercado de Badiyat al-Zarq, en el estado de Darfur del Norte, ha dejado decenas de muertos, la mayoría mujeres y niños, según testimonios de vecinos y organizaciones de derechos humanos. Los ataques fueron llevados a cabo por drones turcos pertenecientes al Ejército del Movimiento Islámico, que impactaron un área repleta de civiles, sin ningún objetivo militar presente, tal como confirmaron los testigos al diario sudanés Al-Sayha.
El mercado, un punto neurálgico para la economía local y la vida comunitaria, fue completamente destruido, generando una situación de pánico y terror entre la población. Testigos indicaron que el bombardeo fue indiscriminado y que el uso de material local, como la paja, en la construcción del mercado contribuyó a la devastación. El Observatorio Sudanés de Derechos Humanos subrayó que este ataque constituye “una violación flagrante de los principios del derecho internacional humanitario”.
Reacciones y condenas internacionales
Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de la Alianza Fundacional de Sudán emitió una fuerte condena, calificando el ataque como una “atroz masacre” y solicitando a la comunidad internacional que actúe. En un comunicado, denunciaron que el ataque fue perpetrado por “el ejército terrorista” y que se enmarca dentro de un plan de genocidio y limpieza étnica en la región.
El gobierno también advirtió que no permanecerá en silencio y que perseguirá legalmente a los responsables de estos crímenes, incluyendo a la empresa turca Baykar, conocida por su fabricación de drones. Haluk Bayraktar, director ejecutivo de la empresa, y su hermano Selçuk, presidente del consejo de administración, fueron mencionados específicamente en este contexto.
Demandas ante la Corte Penal Internacional
Mientras la situación se agrava, la Alianza Sudanesa por los Derechos Humanos anunció que ha presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional contra varios altos dirigentes militares por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto, incluyendo el uso de armas químicas. La demanda se dirige específicamente contra Abdel Fattah al-Burhan, Yasser al-Atta, Shams al-Din al-Kabbashi y el general al-Tahir Mohamed.
Esta organización ha destacado la necesidad de una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los acusados para que se haga justicia. Además, han presentado quejas formales ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y ante el presidente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por las violaciones cometidas en la región.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación la escalada de violencia en Sudán, donde la vida de los civiles sigue siendo gravemente amenazada por estos ataques indiscriminados. Las denuncias de crímenes de guerra y la falta de protección para los ciudadanos son temas que requieren atención inmediata y acción por parte de organismos internacionales.
