La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido desvincularse de Antonio Castillo Algarra tras su renuncia como director artístico del Ballet Español. Esta decisión se produce en medio de una crisis que ha puesto a Ayuso en el centro de la polémica.
Castillo Algarra, conocido por su estilo extravagante y apodado el «Rasputín» de la presidenta, había tenido una influencia notable en la política educativa de la región. Este dramaturgo, que hasta hace poco era un personaje poco conocido, lideró un grupo de jóvenes políticos apodados «los Pocholos», quienes, a pesar de su escasa experiencia, lograron acceder a altos cargos en el ámbito educativo desde 2023.
El ascenso de Castillo Algarra fue facilitado por su relación personal con Ayuso, a quien conoció hace aproximadamente una década. Sin embargo, esta relación se ha deteriorado en los últimos tiempos, lo que llevó a la presidenta a designar a un intermediario para tratar temas con él. Un dirigente del PP ha comentado que la conexión entre ambos «hacía aguas» y que la paciencia de Ayuso se había agotado.
Las tensiones se intensificaron cuando Castillo Algarra mantuvo un enfrentamiento público con Miguel Ángel Rodríguez, un asesor de confianza de Ayuso. En sus redes sociales, Castillo Algarra criticó un artículo de The Objective, que indicaba que la crisis había estallado tras una reunión en la que Rodríguez supuestamente expresó su descontento hacia la gestión de Castillo. «¿No les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?», escribió el dramaturgo.
En el PP, se reconoce que Castillo Algarra nunca estuvo a la altura de Rodríguez y que su gestión en el ámbito educativo estaba bajo la lupa. Se le ha cuestionado su capacidad para dirigir la Consejería de Educación, especialmente tras una serie de conflictos con los rectores de universidades públicas y su incapacidad para avanzar en una nueva ley de financiación universitaria, que era una de las prioridades del gobierno.
Ante esta situación, el gobierno regional busca cerrar la crisis rápidamente, anunciando que la norma de financiación universitaria no será aprobada en su forma original. El portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, aseguró que la prioridad es establecer un modelo de financiación que brinde estabilidad a las universidades y les permita planificar adecuadamente sus recursos.
