La reciente controversia sobre los pagos a la plantilla del Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana ha desatado una profunda crisis política en el Ayuntamiento. El alcalde Francisco García, junto a otros altos funcionarios, ha sido denunciado por un presunto delito de malversación. La denuncia, que está siendo examinada por el Juzgado de Instrucción, pone en tela de juicio la legalidad de ciertos pagos de productividad y posibles incrementos salariales sin la debida cobertura legal.
Según los informes, el Tribunal de Cuentas ha sido alertado sobre la situación, que incluye un análisis de pagos irregulares que suman 3 134 000 euros desde 2019, de los cuales ya se han abonado 534 000 euros. Estos pagos fueron considerados «ilegales» en un informe de la Intervención General Municipal en 2021, cuando García formaba parte del gobierno local en coalición con NC-Fortaleza.
García ha calificado las acusaciones de ser una «artimaña política» del PP-AV, defendiendo que los pagos se realizaron sin un informe en contra de la Intervención. Aseguró que el primer pago de productividad se realizó en enero de 2025, antes de que se emitiera un informe desfavorable, que llegó el 31 de julio de 2025.
Desarrollo de la investigación
La investigación no solo afecta al alcalde, sino también a miembros del Consejo de Administración del Ateneo y al asesor jurídico externo de la antigua sociedad pública. Según la denuncia, los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria para justificar los pagos han sido realizados a sabiendas de su ilegalidad, lo que podría implicar a más funcionarios en la trama.
El informe de la Intervención General, fechado el 3 de mayo de 2021, analiza las nóminas de los años 2018, 2019 y 2020, revelando la existencia de pagos no respaldados legalmente, como pluses de responsabilidad y dietas de transporte. La Intervención concluyó que estos incrementos se aplicaron «de forma encubierta», contraviniendo la normativa presupuestaria.
Con los datos que han salido a la luz, se ha solicitado el reintegro de los pagos realizados, lo que ha llevado a los trabajadores a presentar demandas para que se respeten los acuerdos laborales estipulados en el convenio colectivo. A medida que avanza la investigación, la situación se vuelve más compleja, afectando tanto a la credibilidad del Ayuntamiento como a las relaciones laborales en el sector público de Santa Lucía.
Repercusiones políticas y sociales
La crisis no solo representa un desafío legal para el alcalde y su equipo, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión pública en Santa Lucía. Los ciudadanos demandan transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial.
García, por su parte, ha expresado su confianza en la justicia y en que todos los procedimientos se han llevado a cabo conforme a la ley. Sin embargo, la presión política y social aumentará a medida que la investigación continúe y se revelen más detalles sobre la gestión de los recursos públicos en el Ateneo Municipal.
