La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico que requiere atención y apoyo internacional. La defensa de la democracia, un valor universal, debe ser una prioridad compartida por la comunidad global. El reciente comentario de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, pone de manifiesto la ineficacia de un sistema multilateral que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue concebido para prevenir conflictos.
En este contexto, algunos sectores en Europa utilizan el concepto de «soberanía» para cuestionar cualquier intento de restaurar la democracia en Venezuela. Esta posición distorsiona la esencia de la soberanía, que debe pertenecer al pueblo, no a quienes utilizan el aparato estatal para reprimir y perseguir a los ciudadanos.
Cuando un Estado se convierte en un instrumento de opresión, la comunidad democrática tiene no solo la legitimidad, sino también la responsabilidad de actuar. La historia ha demostrado que la lucha por la libertad rara vez ha sido un esfuerzo aislado, como se evidenció en Normandía en 1944 o en la intervención en los Balcanes.
Invocar la «no injerencia» como una excusa justifica, en muchos casos, la perpetuación de regímenes que violan derechos fundamentales. Resulta incluso más contradictorio hablar de autodeterminación en un país donde intereses externos han tomado control, como la presencia cubana en el estado venezolano y las alianzas con potencias como Rusia e Irán.
La influencia extranjera en Venezuela ha transformado la crisis en un problema geopolítico de alcance global, y voces en Washington han subrayado la urgencia de desmantelar esta presencia para estabilizar el hemisferio. Sin embargo, el desafío que enfrenta Iberoamérica es más complejo, ya que las estructuras criminales han comenzado a borrar las fronteras entre ideología y delito.
El narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas han encontrado refugio en Estados debilitados, convirtiéndose en actores que desestabilizan gobiernos y financian regímenes autoritarios. La reciente designación del «Cártel de los Soles» como organización terrorista por parte de autoridades estadounidenses destaca cómo el crimen organizado ha pasado de ser un fenómeno marginal a una amenaza para la seguridad regional.
La expansión de bandas internacionales, como el Tren de Aragua, demuestra que el colapso institucional en Venezuela ha provocado un efecto dominó en toda la región. Estas organizaciones están involucradas en actividades delictivas que sobrepasan la capacidad de respuesta de los Estados.
La política exterior ya no se puede considerar como una mera suma de acuerdos; es un terreno donde se forjan los valores que sostienen el orden global. La amenaza del narcoterrorismo ha dejado de ser una hipótesis académica, evidenciada por operaciones recientes contra mafias en el Caribe y el Pacífico.
En este contexto, Venezuela se erige como un elemento clave en un tablero regional que incluye intereses geopolíticos y economías ilícitas. La crisis en el país no es convencional; representa la consolidación de un entramado político y criminal con ramificaciones globales.
Por ello, el llamado a una mayor firmeza no debe ser visto como una amenaza, sino como un reconocimiento de que la neutralidad ante dictaduras favorece su permanencia. La defensa de la democracia debe ser una responsabilidad colectiva, y el silencio ante la influencia de potencias autoritarias es una contradicción que la historia no perdonará.
