Carmen, una vecina de San Javier en la Región de Murcia, se encuentra en una situación límite tras alquilar su vivienda en octubre de 2024 a una mujer con dos hijos por 500 euros al mes. Cuatro meses después de firmar el contrato, la inquilina dejó de pagar, y en febrero le comunicó que ni pagaría ni se marcharía, amparándose en que podría permanecer allí cinco años sin abonar ninguna renta.
Desde este lunes, Carmen ha decidido iniciar una huelga de hambre a las puertas del ayuntamiento de San Javier para protestar por su situación. La angustia de Carmen se ha intensificado tras los acontecimientos ocurridos durante la Dana que afectó a la región en octubre, donde varios municipios, incluido San Javier, se quedaron sin agua. Tras sospechar que Carmen había cortado el suministro, la inquilina comenzó a amenazarla de muerte.
Ante las amenazas, Carmen llamó a la Guardia Civil, que se presentó en su vivienda. Sin embargo, tras su marcha, la inquilina le lanzó piedras, provocándole heridas en el brazo y la cabeza. «Ese día salí a la una de la madrugada del hospital. Y a las tres y media, mi casa se incendió. Alguien la quemó. Presuntamente fue ella», relata Carmen, quien ahora se encuentra viviendo con su padre debido a que su vivienda ha quedado calcinada.
Protesta por falta de protección
Carmen ha solicitado en múltiples ocasiones una orden de alejamiento y protección, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna. «Como no me dan solución de ningún tipo, estoy en huelga de hambre. Estaré aquí hasta que me den una solución», afirma con determinación. Su protesta no solo busca visibilizar su caso, sino también denunciar la situación de muchas personas que se encuentran en una situación similar, donde el 70% de las órdenes de desahucio son por impago de alquiler.
El caso de Carmen no es único. Ramón y Patro, herederos de un inmueble en Sevilla, viven una situación paralela. Desde el fallecimiento de su tío hace seis meses, su cuidadora ha decidido quedarse en la casa y se niega a abandonarla, incluso negociando el alquiler de las habitaciones. A pesar de tener toda la documentación en regla, la lentitud del sistema judicial podría retrasar años la recuperación de su propiedad.
La historia de Carmen y de otros como ella pone de manifiesto la necesidad de abordar la problemática del alquiler y la ocupación en España. La falta de recursos y una justicia lenta complican aún más la vida de quienes se ven atrapados en un sistema que parece no ofrecer soluciones efectivas.
