La jueza federal April M. Perry ha ordenado la suspensión temporal del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, frenando así la ofensiva migratoria del expresidente Donald Trump. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre la Administración Trump y el estado de Illinois, donde se había previsto el envío de 200 soldados desde Texas para apoyar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la operación conocida como Midway Blitz.
Durante una audiencia que se prolongó más de seis horas, la jueza Perry concluyó que no existían pruebas creíbles de una amenaza de rebelión, un argumento presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) para justificar la movilización militar. En su resolución, advirtió que permitir la intervención armada podría intensificar las tensiones sociales, especialmente en áreas sensibles como el centro de detención de Broadview, donde se han llevado a cabo recientes protestas contra las políticas migratorias de Washington.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien impulsó la iniciativa de bloquear el despliegue, calificó la maniobra de Trump como un abuso de poder. A través de la red social X, el demócrata afirmó que «Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley». Pritzker, crítico con las políticas migratorias del expresidente, consideró el envío de tropas como una provocación innecesaria que vulnera la soberanía estatal.
Reacciones y consecuencias legales
La jueza Perry, designada por el actual presidente Joe Biden, subrayó que su fallo es una orden de restricción temporal mientras analiza más a fondo los argumentos de ambas partes. «El proceso llevará su tiempo», afirmó, reconociendo que tiene «varias páginas de preguntas pendientes» antes de emitir un dictamen definitivo.
Durante la audiencia, Christopher Wells, abogado del estado, acusó a la Administración Trump de exagerar la situación de seguridad en Illinois y de intentar utilizar a la Guardia Nacional como herramienta política. Aseguró que el despliegue podría causar «daños irreparables» en las comunidades locales y vulnerar derechos civiles. En contraste, el representante del DOJ, Eric Hamilton, defendió que «el riesgo potencial de una rebelión» era suficiente para activar la respuesta federal.
Fuentes del Departamento de Justicia han insinuado que se presentará un recurso contra la decisión judicial, lo que podría prolongar el enfrentamiento entre Washington y el gobierno estatal.
Contexto militar y social
La polémica se intensifica ante la revelación de que un grupo de ex altos mandos militares, entre ellos antiguos almirantes y generales del Ejército y la Armada, envió un documento a la jueza alertando sobre los «riesgos implícitos» de utilizar fuerzas armadas con fines políticos. Este escrito pedía a Perry que considerara el precedente que podría sentar el uso de tropas nacionales en operaciones civiles.
Además, un tribunal federal en Chicago ha limitado la autoridad del ICE para realizar arrestos sin orden judicial, en respuesta a una demanda colectiva que denunciaba abusos y detenciones arbitrarias por parte de la Patrulla Fronteriza. En este contexto, el gobernador Pritzker ha ordenado una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo residencial de Chicago, donde, según reportes locales, se detuvo a niños y ciudadanos estadounidenses.
La decisión de la jueza Perry marca un momento crucial en la relación entre el gobierno federal y el estado de Illinois, en medio de un clima de creciente preocupación por las políticas migratorias y el uso de la fuerza militar en operaciones civiles.
