El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que permite la reubicación forzada de personas sin hogar hacia centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento. Esta decisión, tomada el 25 de julio de 2025, marca un cambio significativo en la política federal hacia la indigencia, centrándose en la restauración del «orden público» y la «seguridad ciudadana».
El documento, titulado «Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses», instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a promover acciones judiciales que busquen revertir sentencias previas que limitaban las competencias locales en el traslado involuntario de personas sin hogar. Además, se le pide que brinde asistencia legal a las jurisdicciones que implementen el internamiento civil obligatorio de personas diagnosticadas con enfermedades mentales que, según las autoridades, no sean capaces de valerse por sí mismas.
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Trump sostiene que su administración ha adoptado un nuevo enfoque ante la crisis de indigencia, argumentando que «el internamiento prolongado y humano es la vía adecuada para restablecer la seguridad y dignidad en nuestras comunidades». La orden también condiciona las ayudas federales a aquellos estados y ciudades que refuercen las normativas contra el uso de drogas ilegales y el merodeo callejero, buscando alinear las políticas locales con criterios federales.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas por su potencial vulneración de los derechos civiles. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha advertido sobre los riesgos de una vigilancia masiva y la criminalización de las personas vulnerables bajo el pretexto de políticas públicas. La abogada Scout Katovich ha denunciado que esta orden refleja un «grave desprecio» hacia la dignidad de los sectores más desfavorecidos, al asegurar que el tratamiento forzoso no aborda la raíz del problema: la falta de acceso a vivienda digna y atención médica.
En el contexto de esta nueva orden, Trump ha reafirmado su postura sobre la crisis de indigencia en el país, citando datos que indican que más de 274.000 personas vivieron en situación de calle durante una sola noche en 2024, la cifra más alta registrada en la historia de Estados Unidos. A pesar de estas estadísticas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la ineficacia de abordar un problema estructural mediante medidas punitivas.
La orden de Trump llega tras iniciativas anteriores, como el desmantelamiento de campamentos de indigentes en terrenos federales, lo que forma parte de una estrategia más amplia para eliminar la visibilidad de la indigencia. Con esta nueva política, el presidente busca, según sus declaraciones, limpiar el espacio público y proporcionar atención médica institucionalizada a quienes se encuentran en situación de calle, aunque esta visión ha sido objeto de un intenso debate sobre su eficacia y ética.
